VIEDMA (AV).- El Ministerio de Educación de Río Negro inició una nueva experiencia con establecimientos privados en bancarrota, llevándolos a la categoría de "públicos de gestión privada" para evitar el fracaso escolar de numerosos alumnos embarcados en ese tipo de proyectos educativos. Lo que también decidió es mantener los subsidios pese al elevado costo de las cuotas.

El detonante fue una resolución ministerial que habilitó el cambio para el Instituto Modelo Viedma hacia una fundación, que despertó críticas del gremio docente Unter. La asociación Crear de Cipolletti y otras dos entidades similares de Roca y Bariloche están en el mismo proceso dentro de los registros de la Dirección de Educación Privada, según confirmó a "Río Negro" su titular, Liliana Finocchiaro.

"Nosotros debíamos garantizar la continuidad de la enseñanza y decidimos priorizar figuras asociativas porque el Estado no puede colaborar con quienes llevaron al desfinanciamiento a este tipo de establecimientos, y en consecuencia nuestra ayuda es hacia los padres", justificó la funcionaria.

Los subsidios se otorgan en función de las cuotas correspondientes a un programa curricular básico. En el caso de los niveles Inicial y Primario, con un monto fijo máximo de 110 pesos se agrega un subsidio del 100 por ciento sobre la cuota, se reduce al 75 por ciento cuando llega a 165 pesos, al 50 por ciento con cuotas de 220 pesos y del 25 por ciento con un mensual de 275 por alumno.

Para secundaria el monto fijo máximo de 130 pesos reconoce un 100 por ciento, del 75 por ciento en 185 pesos, 50 por ciento sobre 240 pesos y del 25 por ciento sobre 295 pesos.

Aún así, se pudo observar en Primario que cuando la franja es de 220 pesos, en la práctica la mensualidad se transforma en 132 pesos por "adicionales" de actividades extracurriculares -como idioma inglés- que son opcionales para los padres de alumnos. Igual, se convierten en una imposición por el contrato que firman para sostener a sus hijos dentro de ese sistema.

Finocchiaro admitió que la reglamentación interna prevé los contratos pedagógicos a fin de cobrar un adicional que permita cubrir las cargas horarias de las actividades extra programáticas, y si bien "no es una imposición, forma parte de la oferta". De esta manera, se crea un vínculo entre la institución y el alumno, que se puede interpretar como que cada familia se ve compelida a sostener esa relación.

La funcionaria aclaró que en caso de detectarse un sobreprecio -en base a esos parámetros- "se les corta el subsidio", y además "existe un control de los adicionales de enseñanza porque no es lo mismo una actividad de enseñanza que organizar con los chicos un coro de campanas" como ya ocurrió.