El ex presidente Fernando de la Rúa seguirá siendo investigado por la represión policial a las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en el centro porteño, que dejó cinco muertos y un centenar de heridos, luego de que la Cámara Federal revocó su sobreseimiento y ordenó que con "urgencia y celeridad" se avance en la causa.

La Cámara ordenó al juez federal a cargo del expediente, Claudio Bonadío, que investigue una presunta reunión el 20 de diciembre en la Quinta de Olivos en la que De la Rúa, el entonces ministro del Interior Ramón Mestre, el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y otros funcionarios habrían decidido reprimir las manifestaciones en las últimas horas del Gobierno de la Alianza, según declaraciones que constan en la causa.

"No resulta posible el cierre de la investigación hasta tanto todos los cursos de acción se hayan agotado", sostuvieron los camaristas Eduardo Farah, Horacio Cattani y Martín Irurzun al revocar el fallo de Bonadío, que había beneficiado al ex presidente con el sobreseimiento.

El 4 de abril del año pasado Bonadío sobreseyó al ex primer mandatario porque consideró que "no quedó probado De la Rúa hubiera intervenido en la cadena de manos que dispuso el procedimiento" represivo.

En ese marco, dijo que "el tribunal no cuenta con ningún elemento que permita presumir un accionar delictivo por parte de Fernando De la Rúa".

Sin embargo, la Cámara sostuvo que hay medidas de prueba pendientes para profundizar sobre la versión de un grupo de diputados que declaró en la causa.

Los legisladores habían dicho que el entonces subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Lautaro García Batallán, les confió que el 20 de diciembre se reunió en Olivos con De la Rúa, Mestre, Mathov y otros funcionarios y que allí se decidió "reprimir las manifestaciones pues sólo así retendrían alguna chance de negociar con el Partido Justicialista".

Los jueces sostuvieron que en la causa "se cuenta con muy poca información" sobre la reunión y que sólo se tiene la versión de De la Rúa y de ex funcionarios que desvincularon al ex presidente de una presunta orden de reprimir las manifestaciones.

Entre las medidas que resta tomar, los camaristas indicaron que se debe requerir los registros de visitas a la Unidad Presidente de la Quinta, constatar la existencia de filmaciones de las cámaras de seguridad e identificar líneas de teléfonos fijos y de celulares de los ex funcionarios con sus llamadas entrantes y salientes.

La Cámara sostuvo que por "la indudable trascendencia institucional y social del caso exige que con urgencia y celeridad se cumpla" con las medidas de prueba.

(DyN y Télam)