SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Asamblea por la Defensa de la Educación Pública cuestionó el deterioro de las escuelas de Bariloche, que provocó pérdida de clases en varios establecimientos, y denunció la "política corrupta de contrataciones" que impide controlar el mantenimiento de los edificios.

En su última reunión, la agrupación de padres, docentes y alumnos advirtió también la mala calidad de la copa de leche que se suministra al alumnado local.

"Acá tampoco existen controles" sostuvieron los integrantes de la asamblea, asegurando que la empresa "La Varense" reemplaza la leche ofrecida en la licitación por "otra marca de pésima calidad, que es pura grasa" y que "los chicos se niegan a tomar por su gusto y olor nauseabundo".

En materia edilicia detallaron los problemas registrados en una importante cantidad de escuelas que "debieron suspender las clases en forma reiterada" y los atribuyeron a "las pésimas y corruptas políticas de contratación" del gobierno provincial.

También se quejaron por la "sistemática" negativa de las autoridades educativas a exponer los pliegos de las licitaciones y la respectiva documentación, que fue requerida en reiteradas oportunidades por la Asamblea.

"Queremos saber quién está participando de este negocio privado que se paga con fondos públicos", dijeron los asambleístas, quienes cuestionaron las "subcontrataciones" que realiza la empresa Codistel, ganadora de varias obras licitadas.

"Estas a su vez subcontratan a otros y finalmente las obras las realizan albañiles a los que se les paga por hora", advirtieron.

Falta de controles

El aspecto que genera mayor preocupación en la agrupación es la falta de control sobre las obras que licita el gobierno provincial y la provisión de los insumos para las ejecuciones.

"Los trabajos no está supervisados como corresponde y, por ende, los arreglos al poco tiempo van a una nueva licitación y, qué casualidad, nuevamente empieza este circulo nefasto", ironizaron durante el contacto con la prensa.

La asamblea señaló la existencia de "responsables públicos y privados" y anticipó la decisión de recurrir a la Justicia con "toda la documentación recabada" para que sanciones a los funcionarios y empresas privadas responsables.