CHOELE CHOEL (AVM).- La jueza penal Marisa Bosco, a cargo del juzgado Penal Nº 30 de Choele Choel, y quien lleva adelante desde hace tiempo una investigación sobre la trata de personas en la zona del Valle Medio, procesó ayer al policía Daniel Vivanco por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" en el marco de la causa en la que se investigan nexos entre uniformados y proxenetas. En tanto, decidió dictar el sobreseimiento para el subcomisario Moisés Rodríguez. Así lo mencionaron ayer a este medio fuentes judiciales.
La causa que derivó en el procesamiento de Vivanco se originó cuando la jueza cipoleña María del Carmen García García -investigando la desaparición de Otoño Uriarte- dispuso una escucha telefónica a los cabaret, de la cual surgió un diálogo muy en confianza entre un reconocido proxeneta de la zona con policías de unidad 8ª de Choele Choel. Justamente Vivanco es quien atendió el teléfono y mantuvo una llamativa conversación con el empresario, en la que aludieron a que había menores de edad trabajando en un cabaret de la ciudad.
Bosco dictó el procesamiento pero la investigación continúa, dado que decidió -además- girar el proceso nuevamente al fiscal para que analice otras circunstancias. Es que, según señalaron las fuentes, había al menos dos oficiales comprometidos en la investigación, pero se quieren atar todos los cabos con las pruebas respectivas antes de poder resolver su situación procesal.
La fuente judicial sostuvo "el envío de la causa nuevamente al fiscal es para que adecúe los requerimientos respecto de dos oficiales para evitar posibles pedidos de nulidad en el futuro. Es decir que no existan huecos en la investigación y se tengan en cuenta todas las pruebas" agregó.
Se trata de una las mayores y más complejas causas llevadas adelante en la zona por la justicia. No sólo por que varios uniformados pueden estar implicados en la trata de personas, sino -además- por la fuerte repercusión que ha tenido el caso en los medios. También por las derivaciones que ha tenido dentro y fuera del expediente.
Primero, porque ha puesto la mirada en la participación de distintos organismos -por omisión, error o interés económico- en la trata de personas. Esto ha quedado evidenciado con la llegada de manera permanente de mujeres de distintas nacionalidades que ejercen como prostitutas en la comarca, en muchos casos con visas de trabajo.
Por otra parte, el enorme desinterés de sectores de la comunidad que hacen la vista a un costado ante este caso. Tampoco del sector político, aún cuando protagonistas y víctimas viven en la zona, se ha demostrado interés.
Por caso, durante mucho tiempo, la jueza Bosco contó con un solo ayudante para investigar la causa. Y fue justamente ese oficial, que oficiaba de mano derecha de la magistrada, Gabriel Ormeño, fue separado de la fuerza por la plana mayor de la policía. Se argumentó para ello que había desobedecido una orden de traslado, cuando lo que hizo fue informar que no podía irse porque estaba comisionado por la magistrada
