SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Mientras aguarda el momento oportuno para tomarle declaración indagatoria a los sospechosos de distribuir, producir o comercializar imágenes de pornografía infantil, el juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi produjo nuevas medidas en relación a la causa, que fueron difundidas por el abogado de los imputados y por el letrado que representa a la APDH.

Aunque el magistrado todavía no dio a conocer el fallo, el abogado de la familia Runge, Omar Costa, anticipó que había sido rechazada la participación como querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en la causa, y que habrían desvinculado de la acusación al hijo de los sospechosos, Ricardo Runge y Alicia Domínguez.

Al mismo tiempo, el abogado de la APDH, Rubén Marigo, criticó la medida, anunció que apelaría ante la Cámara del Crimen la decisión de Gaimaro Pozzi, y que insistirían para sostener su participación en el trámite de la causa.

La investigación que involucra al conocido matrimonio de docentes se inició en esta ciudad el pasado 1 de julio, cuando allanaron por primera vez su vivienda, pero parte de una causa que iniciaron las policías de Australia y Gran Bretaña hace más de un año.

Después del primer allanamiento y el secuestro de varias computadoras, cámaras fotográficas, memorias extensibles y otra importante cantidad de elementos, el juez Gaimaro Pozzi se tomó dos meses para analizar el material, pero todavía no logró indagar a los sospechosos involucrados.