El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, Gustavo Marconato, quedó vinculado con circunstancias confusas que deberá explicar para alejar las sospechas de que su intervención en el debate del proyecto de protección de la industria tecnológica en Tierra del Fuego no buscó favorecer a una empresa privada, con un negocio de 300 millones de dólares.

El hecho fue denunciado, primero por la oposición en el Senado el último miércoles y al día siguiente por el presidente de la bancada oficialista, Miguel Pichetto, quien dijo que por orden de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el proyecto ya sancionado por Diputados deberá ser corregido por Senadores para volver al texto original de la iniciativa, con lo que se elimina el presunto favoritismo a una empresa.

Lo cierto es que hasta el presente no existe una explicación de los acontecimientos sobre lo que sucedió y por qué la Cámara de Diputados aceptó un cambio en el recinto y después también lo hizo la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, sin advertir ninguna anormalidad.

Se salvó de ser ley

El proyecto no fue convertido en ley el miércoles 2, sólo por una circunstancia política del momento: la oposición se negó a bajar al recinto hasta que el oficialismo juntara la mitad más uno de los miembros de la cámara para iniciar la sesión. Si el kirchnerismo hubiera logrado quórum, el instrumento hubiera sido convertido en ley, incluso con el apoyo de legisladores de la oposición.

¿Qué pasó, realmente?

En la sesión del 5 de agosto, cuando la norma se discutía artículo por artículo, el titular de la comisión de Presupuesto, el oficialista Gustavo Marconato, pidió un cambio al texto original debido a "un error técnico)", en el punto referido a los aire acondicionados.

Según la versión taquigráfica, el legislador santafesino pidió "una modificación técnica por la que se elimina la expresión 6 mil frigorías y se coloca 6 toneladas: esto tiene que ver con el tamaño y la capacidad y obviamente se trata de aparatos más grandes", precisó.

Efectivamente la modificación (de 6 toneladas, por 6 mil frigorías) cambiaba la características del negocio, porque 6 mil frigorías incluye aparatos para consumo domiciliario y, 6 toneladas abría la protección a acondicionadores de 18 mil frigorías, para uso comercial e industrial.

En Diputados nadie advirtió la diferencia y la votación arrojó un triunfo del proyecto oficial por 136 aprobaciones, 61 rechazos y 18 abstenciones, por lo que fue enviado al Senado.

Una vez dispersados los legisladores, alrededor de la media tarde llegó un mail anónimo al titular de la UCR, Gerardo Morales, en la que se le advierte que el cambio de última hora en Diputados implicaba un negocio redondo para una firma en particular (BGH), la única que produce los acondicionadores de ese volumen. (DyN)