La pobreza en la Argentina es un escándalo", nos recuerda el Papa. Sus palabras han puesto el tema nuevamente sobre la mesa y se está generando un amplio consenso en el espectro político que la solución pasa por un subsidio universal a la niñez. La idea luce como atractiva frente a un problema de pobreza e indigencia que ha sido resistente al crecimiento económico de los últimos años. Pero es una típica solución cortoplacista que ignora las consecuencias de largo plazo: la ampliación y perpetuación de la pobreza.
La asistencia a la pobreza e indigencia es un recurso de última instancia y cuando se hace inevitable es un reconocimiento de fracaso frente a un objetivo mil veces superior: que los pobres superen su situación con un empleo digno. ¿Por qué un país con las condiciones de Argentina no puede emplear dignamente a toda su población aún después de crecer 5 años a tasas chinas? El populismo y la izquierda "progre" culpan al mercado por excluyente, concentrador y poco solidario. Pero hace muchas décadas que la Argentina no tiene políticas de mercado a las cuales culpar de nuestros males presentes. Los interregnos neoliberales realizaron intentos tibios e insuficientes para remover las trabas al comercio exterior, para frenar el crecimiento del gasto público y de la presión tributaria, para evitar la imprudencia fiscal, la violación de los derechos de propiedad y el intervencionismo en los precios y salarios que se instalaron en nuestro país desde el advenimiento del populismo. ¿Hace falta recordar cómo creció la Argentina y cuánta inmigración atrajo hasta 1930? La decadencia argentina ha sido producto de 70 años de intervencionismo económico y desprecio de los beneficios de la libertad de comercio.
Los pobres e indigentes en la Argentina no encuentran trabajo formal digno porque la destrucción de la educación pública -obra de la burocracia estatal y de los gremios educativos- les impidió acceder a las capacidades mínimas para emplearse. No encuentran trabajo formal, pues la enorme presión tributaria los descoloca frente a países que tienen menos impuestos y mayores capacidades laborales de su población. No lo consiguen pues la legislación laboral fija salarios mínimos y otras condiciones laborales inconsistentes con la productividad del asalariado argentino poco calificado. No encuentran trabajo formal pues los capitales fugan a invertirse en el exterior en respuesta a las intromisiones y expropiaciones estatales recurrentes. Con estas condiciones producidas por el intervencionismo estatal, sólo acceden a puestos informales mal remunerados. Pero aún para conseguir esos trabajos tienen que competir con inmigrantes pobres de países vecinos, que ingresan al país amparados por una legislación migratoria permisiva que es absolutamente inconsistente si realmente nos preocupara la pobreza. Muchos quedan afuera aun de esa competencia y sobreviven como cartoneros, cirujas o indigentes mendicantes.
Nuestra pobreza es realmente escandalosa, pero no porque la economía de mercado con un Estado limitado sea un fracaso (China y Chile así lo atestiguan), ni siquiera porque los argentinos seamos poco solidarios, sino porque el intervencionismo estatal adoptado desde 1945 para beneficiar al pueblo se ha vuelto contra él.
El (escandaloso) drama subyacente es que nuestra clase política cree lo opuesto, que el mercado es todavía demasiado importante y culpable de estos males y que se necesita aún más distribucionismo estatal para solucionar la pobreza. Esta idea no es patrimonio de los Kirchner, ya que la mayor parte del espectro político está convergiendo ahora a la idea que se necesita un subsidio monetario a la niñez (a ser entregado al jefe/a de hogar). Recordemos cuáles son sus problemas.
1. El primer problema es su alcance. Si fuera universal sería demasiado costoso e injusto, ya que lo recibirían familias de ingresos medios y altos que no lo necesitan. El costo fiscal requeriría más impuestos, que aumentarían las distorsiones que impiden el empleo formal.
2. El segundo problema es que si se intentara focalizar el subsidio en efectivo a los más necesitados, no habría datos confiables sobre quiénes son los pobres e indigentes que ameritan recibir el beneficio. A falta de indicadores objetivos, se recaería nuevamente en el criterio clientelista de gobernadores, intendentes y punteros.
3. El tercer problema es que un subsidio en efectivo le permitiría al jefe de hogar disponer de los fondos como le plazca y no necesariamente cumplir con la intención de la legislación de cubrir las necesidades básicas de la familia.
4. El cuarto problema es que aumentaría los incentivos perversos para la maternidad irresponsable. El "negocio" de las madres pobres sin educación se transformaría en tener hijos y así la reproducción de la pobreza quedaría asegurada.
5. El quinto problema es que la madre receptora del beneficio se independizaría del hombre proveedor, destruyendo los incentivos para constituir familias tradicionales que sean un ámbito adecuado para el crecimiento de los hijos.
6. El sexto problema es que el beneficio monetario perpetúa la dependencia mental y atrofia la capacidad de los asistidos para convertirse mediante su esfuerzo personal en ciudadanos responsables de su futuro.
7. El último -pero no menos importante- problema es que aumentan los incentivos para la inmigración de pobres de países vecinos y el problema se agranda.
Si subsidiamos la pobreza, sin lugar a dudas la multiplicaremos, destruyendo los incentivos para la superación personal, incentivando la maternidad irresponsable y fomentando la inmigración de pobres de países vecinos. ¿Quiere decir esto que debemos hacer la vista gorda con el hambre en la Argentina? De ninguna manera, significa que los instrumentos que diseñemos tienen que ser un puente para que los beneficiarios superen su pobreza y no un subsidio que perpetúe su situación y aumente su número.
¿Cómo serían esos instrumentos? En primer lugar, hay que desterrar los subsidios en efectivo. Además de permitir usos no deseables, los beneficios en efectivo atraen la demanda de quienes no lo necesitan y facilitan la corrupción de quienes los distribuyen. Éstos deben ser en especie (comedores escolares y comunitarios, centros de entrenamiento laboral, guarderías infantiles para madres que trabajan, etc.)
En segundo lugar, estos programas no pueden ser universales sino focalizados en la extrema pobreza. Los beneficios en especie deben ser puestos a disposición sólo en las localizaciones donde se concentra la pobreza. Movilizarse para asistir a un comedor comunitario en un barrio inconveniente es un obstáculo suficiente para que se autoexcluyan los que no necesitan la asistencia, lo que permite evitar los costosos -y generalmente inválidos- censos de pobreza o el dedo clientelista que reparte dinero.
En tercer lugar, los beneficios deben ser condicionados. Los comedores escolares incentivan la asistencia escolar. Las guarderías deben limitar el beneficio a las madres que trabajan. Las escuelas pobres, los comedores comunitarios y las guarderías infantiles deben ser el campo de acción de asistentes sociales que se involucren con soluciones para la salud, la procreación responsable y el entrenamiento laboral de los pobres.
En cuarto lugar, los beneficios deben ser atendidos cuando sea posible por las iglesias o por organizaciones no gubernamentales que no tengan una agenda política. El Estado nacional debe hacer transferencias directas a estas organizaciones, evitando intermediaciones burocráticas. Para asegurarse la calidad de gestión de las organizaciones privadas, el aporte estatal puede condicionarse a que esté correspondido por aportes privados.
Finalmente, no podemos lanzar un programa ambicioso contra la pobreza con las fronteras abiertas a la inmigración de carenciados. Debemos previamente cambiar la política inmigratoria y hacerla selectiva. Un inmigrante calificado es parte de la solución, pues tendrá empleo formal y pagará más impuestos que los beneficios sociales que recibe. Un pobre no calificado aumentará los problemas, ya que no pagará impuestos y se sumará a la lista de los necesitados.
Una política asistencialista que responda a estos criterios sería muy superior al consenso que se está creando alrededor del subsidio universal a la niñez. Pero cuánto mejor sería dependerá críticamente de la calidad de los condicionamientos. Incentivar la concurrencia escolar tendrá valor si recuperamos la calidad de la escuela pública. Limitar la procreación irresponsable dependerá del trabajo educativo de las asistentes sociales. Abrir oportunidades a través del reentrenamiento laboral dependerá de la calidad de esos programas.
Pero si bien es cierto que hay que aprovechar todos estos márgenes para derrotar la pobreza y no perpetuarla, no se debe perder de vista que el objetivo final es crear las condiciones para que todos los argentinos tengan un empleo digno sin necesidad de recurrir a la dádiva estatal que los degrada y los entrampa en la pobreza. La lucha contra ella estará perdida si el intervencionismo económico y la inseguridad de los derechos de propiedad fugan capitales y destruyen la inversión que genera empleos. También será en vano si seguimos impidiendo las oportunidades del campo en el interior y apilando una pobreza mucho más difícil de manejar en los cordones urbanos.
MARIO TEIJEIRO (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Economista. Centro de Estudios Públicos
