La Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) salió a desmentir que el dictamen del Ministerio de Trabajo de la Nación habilite a los obreros nucleados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) a percibir el aumento del 20 por ciento por zona desfavorable.
Si bien cualquier decisión final sobre este tema está en manos de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, la CAFI señaló en un comunicado llegado a esta redacción que sobre "el principal fundamento jurídico sobre el que se basó el reclamo del sindicato, la vigencia de la ley 18.883, el dictamen es contundente en cuanto a que la misma está derogada y por ende no está vigente, por lo tanto ni las empresas ni los productores han incumplido ninguna norma que obligue a pagar el diferencial en cuestión, ni la obligación de la retroactividad del mismo".
Un párrafo de la resolución dictada por director general de Asuntos Jurídicos de la cartera laboral, Leonardo Ambesi, sostiene que "las leyes 23.272 y 25.955 se encuentran vigentes y configuran un conjunto normativo de carácter imperativo, dirigido a la adopción de una adecuación diferencial de las disposiciones legales y reglamentarias en un territorio definido", señala textual- mente la resolución de trece carillas. Sobre este punto, la vigencia de las leyes 23.272 y 25.955, la CAFI asegura coincidir "con la afirmación del dictamen en cuanto a que están vigentes, sin embargo, éstas sólo establecen la delimitación de la región Patagónica".
Para los empresarios nucleados en esta cámara, está muy claro que el dictamen del Ministerio de Trabajo avala su postura que rechaza un aumento por zona desfavorable.
El comunicado empresarial remarca que "debe tenerse en cuenta que el Consejo Nacional del Salario, cuya conformación es mixta, público-privada, en la discusión del Salario Mínimo Vital y Móvil decidió que el mismo no se debía regionalizar. En función de todas estas conclusiones resulta claro que el dictamen confirma los argumentos del sector empleador y no existe obligación de abonar un coeficiente del 1.20, ni su retroactividad, a los trabajadores rurales de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires".
Días atrás, entre el gremio de trabajadores rurales circulaba la versión de que el Ministerio de Trabajo se pronunciaría a favor del incremento solicitado. "No es más que aplicar una norma establecida para los territorios de la Patagonia", deslizaron desde Uatre.
Los empresarios aludieron oportunamente a las dificultades para absorber el incremento ya que su impacto arrastraría a toda la actividad.
En esta misma línea los productores también se expresaron en contra de este plus.
