El Banco de la Provincia del Neuquén es un frondoso árbol burocrático, cuya generosa sombra refresca a un nutrido grupo de amigos y parientes de las familias emepenistas.

Del presidente, Omar Gutiérrez, ya se sabe que es hoy el encumbrado nieto del fundador de una de esas familias, don Reynaldo Pastor Gutiérrez. Pero es de toda justicia que rescatemos del anonimato a quienes han sabido ganarse un lugar de -por qué no decirlo- privilegio dentro de esa entidad financiera cuya cartera de créditos habla, como el mismo himno de Arabarco y Berbel, del compromiso con Neuquén.

El año 2002 llegaba a su fin. Nadie conocía a Jorge Pérez, quien a la sazón era gerente de sucursales del BPN. Pero de pronto saltó a la fama porque en aquellos días se hizo público un presunto soborno ofrecido al diputado provincial opositor Jorge Taylor. El también diputado provincial emepenista Osvaldo Ferreira le trasmitió entonces a Taylor: "Jorge me dijo, vos dale mi garantía personal que le dije que sí, que esto sale", refiriéndose a un préstamo de 600.000 pesos a Taylor, a cambio de que votara en la Legislatura a favor del oficialismo. Como se sospechaba de que el tal "Jorge" era el gobernador Jorge Omar Sobisch, Pérez declaró que era él.

Cuatro años después, el directorio del BPN creó la subgerencia general de Administración Crediticia y nombró "asesor" de la subgerencia general de Contaduría y Finanzas a Pérez. Ha continuado en el banco hasta hoy, pero como es un jubilado de la ley 2.351, factura mensualmente por "honorarios".

Otro amigo, también pariente, que cobra por honorarios en el BPN luego de haberse jubilado es Rolando Pino, esposo de la ministra de Hacienda, Felipa Ruiz. Es el jefe del departamento de Seguros (es posible que figure como "asesor") y habría sido alguna vez productor de la compañía de Seguros El Comercio, que contrata con el BPN casi todas las coberturas, salvo los seguros de vida.

Pino también es pariente del vicepresidente del Banco, Marcelo Rodríguez, quien fue gerente de Créditos cuando, en esa área, tramitó el descuento de unos certificados de obra presuntamente falsos. La empresa contratista, AP Construcciones, tenía entonces un saldo en rojo "importante" según una fuente bancaria, pero la operación de descuento se hizo porque, en respuesta a una consulta, la Secretaría de Obras Públicas contestó que el certificado era genuino. No obstante, el responsable de Banca Empresas, Ricardo Barrera, y dos empleadas de la gerencia de Créditos fueron despedidos.

Otro pariente, suegro de Pablo Gutiérrez, hermano del presidente del banco, Omar Gutiérrez, es Juan Carlos Raschy. También jubilado, Raschy hizo su carrera en otros bancos de Buenos Aires, pero de vez en cuando viaja a Neuquén y percibe honorarios del BPN por tareas de asesoramiento.

Desde Rosario y hasta hace poco viajaba semanalmente quien era el responsable del departamento de Comercio Exterior del banco, Jorge Omar Arroyo. Habría sido recomendado por la consultora que terceriza la auditoría interna del banco, Sergio Kriger y Asociados, la misma que produjo un informe que resaltó la responsabilidad en el fraude de Temux de funcionarios de la sucursal Buenos Aires. Arroyo no estaba en la planta permanente; su vínculo, iniciado el 16 de julio de 2007 según lo consignado en una circular firmada por el gerente de Recursos Humanos, Gustavo Cartier, era (¿sigue siendo?) el de una locación de servicios.

No estamos en condiciones de afirmar que sean amigos y/o parientes quienes vendieron al BPN un sistema llamado Estardoc, que a un costo superior a los 300.000 pesos reemplaza a otro desarrollado por personal de la entidad. Por tratarse de un contrato directo, el caso es uno más en la lista de compras del banco oficial que no respetan la ley 2.141, de Administración Financiera y Control. No es que la ignoren, porque siempre, en el texto de las excepciones al principio de la licitación pública que fija la ley, se puede encontrar un pretexto.

Hay un capítulo del Código Penal, el cuarto, que castiga el "abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos". El primero de los artículos de ese capítulo, número 248, castiga con penas de prisión e inhabilitación al funcionario público que "dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes, o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

Ésta es la ley penal nacional, cuya aplicación en provincias depende de lo que establezcan las leyes procesales. En Neuquén, el Código Procesal Penal dice que "el agente fiscal requerirá al juez competente la instrucción siempre que tenga conocimiento, por cualquier medio, de la comisión de un delito de acción pública".

Puede suceder, es claro, que el agente fiscal no lea diarios, o que no lea este diario, o que, aun leyéndolo, no lea esta columna.

JORGE GADANO
jagadano@yahoo.com.ar