Saiz tiene razón. Tantas muestras internas de apoyo sólo lo desgastan y debilitan. Primero una decena de intendentes y, ayer, los jefes oficialistas arguyeron ese pretexto en una cita reservada para animarse a otras cuestiones de gestión y de poder.La iliquidez financiera esmerila el contexto estatal. Los profesionales hospitalarios se rebelaron por mejoras laborales y salariales. Esa instancia sigue abierta.Agosto desnudó las reales carencias y la finalización de los aguinaldos quedó para setiembre.Río Negro acordó con el Banco Patagonia un préstamo que liderará su agente financiero y sumará a otras entidades. La provincia pretende 200 millones pero hasta ahora el monto diseñado es de 150 millones, con un interés del 15 al 16%. Restan avales de Economía y del Banco Central. El primer desembolso será a mediados de setiembre. Esos trámites favorecen nuevos adelantos del Banco Patagonia, a cuenta del crédito. Ese resguardo asegura el pago de los salarios de agosto, el desvelo actual de otras provincias.El préstamo conforma sólo un auxilio frente al déficit originado entre ingresos menores que los egresos ejecutados. Algo provisorio, como fue la utilización del Fondo Unificado de las cuentas bancarias de todo el Estado; sirvió unos meses pero ya tampoco alcanza. El crédito también ofrece esa solución     fugaz.Un abordaje estructural dependerá de las medidas de Nación con las provincias. Hay expectativas de que se mejoren los aportes coparticipables, a partir del 15% de distribución del impuesto al cheque y la asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estas eventuales mejoras no tienen tiempos fijados. Río Negro sí tiene sus plazos: el préstamo bancario sólo tapará el desfasaje para lo que queda del año.La fragilidad financiera inmoviliza reclamos gremiales. La presente agitación en los hospitales es una reacción espontánea y autónoma con origen en Cipolletti que después se propagó. La retención de servicios hoy tiene casi paralizados a más de la mitad de los nosocomios.Salvo el diálogo, poco aportará la audiencia de la ministra de Salud, Cristina Uría, con referentes hospitalarios. Será el martes o el miércoles y en el mejor de los casos habrá una oferta escalonada de ciertas subas para las guardias médicas.Un sentido estratégico revelaría que el gobierno buscó contener la discusión y restar argumentos salariales con el ocultamiento del índice de precios de Río Negro. No fue así.El negado índice de julio consigna una suba del 2,5%, cuatro veces superior al del Indec, que fue del 0,6%. Aquella referencia local sumaría un acumulado de casi el 10% en siete meses. La provincia otorgó en mayo una suba anual del 11% en los haberes públicos. Era una valiosa pieza en el pleito salarial. Pero la negación censal tiene otra motivación: una irresponsable subordinación al poder K. Los registros de Río Negro fueron siempre un contraste de las mediciones del Indec de Guillermo Moreno. Era una incomodidad para el gobierno de Saiz. Así, el histórico relevamiento de Viedma se adecuó y se expandió a Roca. La disparidad de los índices persistió y la desproporción de julio ya fue un exceso. La determinación fue ocultar ese dato y el organismo niega la conclusión de la labor.Titubeo o sometimiento. Callar todo aquello que pueda alterar los ánimos K. También existiría un escamoteo de las series del relevamiento de la pobreza. Indigna la forma de flagelar un organismo técnico.La vaguedad también desvaneció aquel promocionado plan de contención de gastos anunciado en marzo por Saiz en pleno conflicto docente. Su esencia se centró en el decreto 66, que prometía la suspensión de contrataciones y subsidios, la revisión de los alquileres y de la planta política y las limitaciones en viáticos y celulares. Fue precario su apego y la norma regía hasta el 31 de julio. Ese corte presumía su evaluación y su ratificación, con eventuales reformas. Transcurrió un mes y Saiz no firmó el decreto para sostenerlo. Una mirada positiva: es un acto de sinceridad frente al incumplimiento de esa norma de ajuste.Subsiste una parva de cuestiones sin resolver, pero Saiz tiene una perspectiva distinta.Afuera, el oficialismo se inquieta y se moviliza.El reciente encuentro en Chichinales de intendentes pro-gobernador concluyó con “un enérgico apoyo a la gestión de Saiz y su gabinete”. Su objetivo de imponer su pelaje interno conquistó un resultado vago, pero fue rotundo en malograr la autoridad de Saiz.El comando del oficialismo se despabila. La primera señal fue ayer en el haras de Pablo Verani en Guerrico. El ex gobernador convocó al vicegobernador Bautista Mendioroz, a los legisladores Iván Lazzeri y Daniel Sartor, al presidente de la UCR, Jorge Pascual; al intendente viedmense Jorge Ferreira, a los ministros Alfredo Pega y Juan Accatino y al secretario Daniel Agostino. Verani llamó y argumentó un interés general: mostrar al radicalismo unido en favor del gobierno y fijar un objetivo común para el 2011. Ese pensamiento –que se fijará en un comunicado– es un relato parcial. La charla recayó en otros ribetes, aquellos de críticas y de correcciones hacia la administración provincial.Antes, Verani habló con Saiz para justificar su citación. El gobernador se excusó porque todavía estaría en Bariloche por la cumbre de Unasur. No le interesó asistir. No confía en los fines prometidos. Sabe que poco se gesta en esos medios que lo alivien. Delata que cada respaldo público transmite una sensación contraria. “Tantos apoyos, sólo parece que estamos mal”, protestó.

Ahora bien, si el problema es la gestión, ¿por qué el oficialismo no propone cambios en el gobierno? Este enigma nutrió el análisis radical en el haras de Verani. Quedaron dudas en las opciones, pues conocen que todo rebota en el blindaje de Saiz. Ahí donde aún reside, ocioso, el único sistema de toma de decisiones que existe.