Por EVA KRAFCZYK

No pasa ni un día en el que Unamid, la tropa de paz de la ONU y de la Unión Africana en Darfur, no registre algún incidente en la región oeste de Sudán: ataques contra un poblado, contra los cooperantes, o llegada de nuevos refugiados a los campamentos, donde viven 2,3 millones de los habitantes de la zona desde hace años.

Seis años después del inicio del conflicto entre los campesinos africanos negros y la población pastora de origen árabe, en el que los motivos de disputa son también el agua y las tierras cultivables, sigue sin vislumbrarse una solución.

Los diversos intentos de mediación internacional, el último de Libia y Qatar, fracasaron en primer término por la negativa de algunas partes en conflicto a sentarse a la misma mesa con sus enemigos, o sus ex aliados.

Esto se debe a que los diversos grupos rebeldes y milicias, ya sea contra o a favor del gobierno de Khartoum, se han dividido en los pasados años y están profundamente enfrentados entre sí.

Según las estimaciones de la ONU, desde el 2003 han muerto más de 300.000 personas en Darfur por los ataques aéreos contra ciudades y pueblos, los de las temibles milicias a caballo, el hambre y las enfermedades. Se trata del segundo conflicto entre los diferentes grupos étnicos y religiosos después de la guerra civil de más de 20 años entre el norte y el sur de Sudán, que acabó en el 2005 con una paz que se ve amenazada todo el tiempo por enfrentamientos, la delimitación de la frontera entre las regiones y el acceso a las ricas reservas de petróleo a lo largo de esa línea divisoria.

Cuando se habla de Darfur, una zona del tamaño de Francia, es casi siempre sólo porque llaman la atención sobre lo que allí ocurre estrellas internacionales como George Clooney o Mia Farrow.

Y desde marzo existe también la disputa por la orden internacional de captura contra el presidente sudanés, Omar al Bashir. El argentino Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, reunió durante meses pruebas que al tribunal le parecieron suficientes para emitir la primera orden de captura contra un jefe de Estado en funciones. Al Bashir debe presentarse ante La Haya por crímenes de guerra. Si el presidente sudanés acabará o no en el banquillo, aún es una cuestión abierta, ya que los países árabes y africanos exigen que se frene el proceso.

Al Bashir recuerda que Sudán no reconoce a la CPI. En vez de ello, inmediatamente después de emitida la orden prohibió a 13 organizaciones internacionales de ayuda trabajar en la zona y les exigió abandonar el país. Los más afectados por la medida fueron los refugiados de Darfur, porque las organizaciones actuaban en los campos como socias de la ONU y se ocupaban de repartir alimentos y medicinas. La "sudanización" de la asistencia anunciada por Al Bashir es recibida con enorme desconfianza por los representantes de los refugiados. "¿Nos ayudarán aquellos que tienen la culpa de que vivamos en los campos? ¿Aquellos culpables de la muerte de decenas de miles?", se preguntaba un refugiado. (DPA)