VIEDMA (AV).- La Justicia provincial se declaró incompetente para investigar las presuntas irregularidades en la distribución de becas en Río Negro. El juez penal de esta capital Carlos Reussi coincidió con el fiscal Ricardo Falca al considerar que esta causa debe ser tramitada en el fuero nacional.
Cabe recordar que la primera en declararse incompetente fue la jueza federal con asiento en Viedma, Mirta Filipuzzi. Ahora ante la misma posición de la Justicia rionegrina deberá ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que resuelva la competencia.
Tanto el juez Reussi como el fiscal Falca fundamentaron que los fondos de esas becas son nacionales y sujetos a controles y rendiciones de organismos, también de la Nación.
Según trascendió, los expedientes reunidos hasta el momento en la causa incluirían oficios de organismos nacionales en los que se informa que los fondos en cuestión deben ser auditados por organismos nacionales. En este marco se interpretó que ese dinero no se transfiere al dominio provincial sino que sigue siendo nacional, ya que el control sigue sujeto a esa esfera.
En tanto, la responsabilidad de la provincia es otorgar la beca y en el caso que lo haya hecho mal pueden resultar implicados los que están a cargo de los órganos que realizan esa tarea pero, hasta el momento, ni siquiera existe una requisitoria de instrucción.
En la declaración de incompetencia provincial también se fundamentó que la Corte se ha manifestado en este sentido en otros fallos similares, señalando que cuando los fondos nacionales pasan al dominio de las provincias la competencia no es federal pero, como en este caso, se mantiene un control nacional y una rendición a esa esfera se consideró que ese dominio no ha sido realmente transferido a Río Negro.
A principios de julio de este año la jueza federal Filipuzzi y la fiscal Inés Imperiale también se declararon incompetentes enviando la causa a la justicia provincial. Ambas sostuvieron que "el objeto de la investigación se centraría en la correcta -o no- administración y atribución de los planes Becas de Capacitación y Comer en Familia sostenidos en parte o complementariamente en fondos asignados por la Nación a la provincia". Además interpretaron que "ni el origen total o parcial de esos subsidios ni cuestionamientos sobre las consecuentes asignaciones -regulares o no de los mismos- logran provocar que sea la Justicia Federal la que debe abocarse a la investigación".
Lo cierto es que por el momento no tiene juez esta denuncia por presuntas irregularidades cometidas en el Ministerio de Familia en relación al otorgamiento de las becas de capacitación.
