SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Martín Lozada cerró la instrucción y elevó a juicio la causa contra cinco ex comisarios, dos ex oficiales y una ex suboficial de la Policía Rionegrina acusados de "estafa por abuso de confianza" presuntamente cometida en perjuicio de un centenar de uniformados.

La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por dos policías retirados que formaron parte de los consorcios civiles Dina Huapi A y Dina Huapi B y resultaron damnificados por la supuesta maniobra fraudulenta.

En noviembre del 2008 la Cámara Segunda del Crimen de Bariloche confirmó el procesamiento que había dictado un año antes el juez Lozada, quien procesó a los imputados tras considerar "provisoriamente comprobado" que llevaron a cabo una maniobra defraudatoria "en contra de los intereses de los consorcista y originales adquirentes de los lotes".

El magistrado sostuvo que el supuesto fraude se concretó con el objetivo de "obtener un provecho personal de índole patrimonial de carácter indebido". Provecho, claro está, que se tradujo en un perjuicio patrimonial para los demás miembros de los consorcios.

En 1986 se constituyeron las asociaciones civiles Dina Huapi A y Dina Huapi B, cada una integrada por 50 miembros de la Policía Rionegrina, en actividad o retirados, con el objetivo de construir un número igual de viviendas, bajo el régimen de propiedad horizontal.

Esas viviendas iban a emplazarse sobre un terreno de casi cinco hectáreas, que en octubre de 1988 les había vendido el gobierno provincial, en condominio y por partes iguales a los dos consorcios, en el marco de una operatoria del Banco Hipotecario Nacional que luego fue suspendida. Diez años después la Comisión de Fomento de Dina Huapi intimó a los consorcios al pago de una deuda por tasas de 7.500 pesos y trabó embargo sobre los terrenos, hasta que en marzo de 2002 se realizó un acuerdo entre los consorcistas y la Comisión de Fomento, donde reconocieron la deuda de algo más de 20 mil pesos, contemplando los intereses y tasas por vencer hasta junio de 2003.

Por esa deuda entregaron aproximadamente 37.000 metros cuadrados a la Comisión de Fomento, y según la acusación, los casi 10.000 metros restantes se los repartieron entre los ocho procesados y el abogado patrocinante, quien habría recibido un lote de 1.100 metros cuadrados en concepto de honorarios.

Los denunciantes aseguraron que los procesados se reunieron en asamblea de modo "furtivo" y a espaldas del resto de los consorcistas, para constituirse en autoridades de los consorcios y, al día siguiente, en el marco de una segunda asamblea, se habrían repartido el remanente de tierra en provecho propio.