SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez penal Miguel Gaimaro Pozzi accedió a postergar la indagatoria de la familia Runge que debió realizarse ayer en el marco de la causa que investiga su vinculación con una red internacional de pornografía infantil, a pedido de la defensa que alegó "razones técnicas".

El abogado defensor Omar Costa fundamentó la solicitud en la necesidad de fortalecer la defensa Ricardo Runge, Alicia Domínguez y su hijo acusados por la presunta distribución y publicación de material pornográfico infantil en al menos cinco hechos.

La inquietud de la defensa se debería a la ampliación de la acusación con nuevos hechos que surgieron de las pericias realizadas por el departamento de Telemática de la policía provincial. El magistrado mantuvo en estricta reserva la cantidad y el contenido de los nuevos hechos investigados pero en cambio ponderó el trabajo realizado por la policía que durante casi dos meses analizó las múltiples pruebas reunidas en el expediente y el material secuestrado durante los dos allanamientos realizados en la casa del matrimonio de docentes.

Los peritos rionegrinos contaron con la colaboración del experto de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires para revisar las computadoras, memorias extensibles, videocasetes, DVD, fotografías y otros elementos hallados en la vivienda de los Runge, que se encuentran bajo el régimen de libertad provisional, con prohibición de salir del país.

La postergación no cayó bien entre las organizaciones y adherentes de la "Asamblea permanente en defensa de la infancia" que hicieron guardia frente a los tribunales para mantener vivo el repudio a cualquier forma de abuso contra niños y adolescentes.

Tras conocer la decisión del juez expresaron su disconformidad con el beneficio otorgado a los imputados.

Recordaron que ya se había negado a concurrir a tribunales cuando fueron citados por Gaimaro Pozzi para notificarse de la causa, tramite que finalmente se completó en las oficinas del defensor.

El aplazamiento podría favorecer la intervención de la APDH en la indagatoria si finalmente el juez acepta que se constituya en querellante.

Ayer el magistrado les solicitó que ampliaran la documentación presentada la semana pasada y mantuvo una reunión con el asesor legal de la entidad, Rubén Marigo, para despejar algunas dudas sobre la acreditación de la entidad.

"Con la misma documentación que presentamos acá nos aceptó el Superior Tribunal (de Justicia) en el caso Gilio, que es el reconocimiento de la mesa nacional de la APDH" señaló Marigo.

El abogado planteó la curiosidad por saber si "el juez va a tener la teoría amplia de aceptarnos como querellantes como ha pasado en el caso Etchecolaz y en los casos de (lesa humanidad juzgados en) Neuquén o si nos va a rechazar para poder apelar y poder ver cual es la postura rionegrina en este tipo de investigaciones".