Martes 01 de Septiembre de 2009 Edicion impresa pag. 7 > Regionales
Respaldan a Sapag en la disolución de Pulmarí
Concesionarios de tierras y pobladores del lugar quieren apurar el proyecto que anunció el gobernador. El tema lo debe resolver el Congreso de la Nación.

ALUMINÉ (AZ).- Concesionarios, pobladores de ley y numerosas organizaciones de parajes como Moquehue y Remeco manifestaron ayer su reclamo para lograr una rápida disolución de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP). Los vecinos acusaron al organismo de practicar una administración "abusiva" y de no generar respuestas frentes a sus demandas.

Paralelamente, solicitaron que se aceleren los plazos para la puesta en marcha de un proceso de titularización de la tierra que les permita regularizar su situación legal y potenciar el desarrollo de los emprendimientos.

"La situación es crítica producto de la falta de gestión de parte de las autoridades que en la actualidad están manejando la conducción residual de la CIP" denunció Fernando Muller.

Los emprendedores se manifestaron en respaldo al anuncio del gobernador Jorge Sapag quien confirmó que pedirá la eliminación del organismo donde están representados tanto provincia como Nación, a raíz de la polémica planteada por la decisión de impedir la asunción de los directores designados por Neuquén, Mauro Del Castillo y Daniel Sapag.

La eliminación de la Corporación la debe resolver el Congreso de la Nación.

"Está claro que el único interés que tienen las autoridades que hoy están manejando la Corporación es asegurarse un sueldo importante" denunciaron los vecinos quienes advirtieron que desde el desembarco de Alberto "Tito" Moreno al frente de la CIP, los directores se fijaron un haber de 5000 pesos mensuales que se suman a los ingresos por viáticos y otros gastos.

Los cuestionamientos también apuntan a una serie de decisiones que tomaron los directores que representan al gobierno nacional de manera unilateral y que perjudican a los productores.

"Nos aumentaron el canon en un 300 por ciento y ni siquiera fueron capaces de consultarnos si estábamos en condiciones de hacer frente a esos gastos" denunció el poblador de ley, Ricardo Pino.

Su situación, al igual que la del resto de los vecinos que ya se encontraban radicados en la zona cuando se conformó la CIP, es de máxima incertidumbre.

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