La "cumbre" de la Unasur en Bariloche no produjo sorpresas. Como se previó, el venezolano Hugo Chávez y su aliado ecuatoriano Rafael Correa se afirmaron indignados por la presencia de militares yanquis en Colombia, el colombiano Álvaro Uribe negó que estuviera comprometida la soberanía de su país y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se encargó de tranquilizar los ánimos mientras que la anfitriona, Cristina Fernández de Kirchner, si bien no pudo fijar "una doctrina común", también desempeñó un papel conciliador. El resultado de tales esfuerzos fue una declaración conjunta inocua en que los asistentes manifestaban su deseo de que América del Sur sea "una zona de paz".

Puesto que, de haber redactado los asistentes a la reunión barilochense un documento en que se condenara el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia, Uribe podría haber dado un portazo a la Unasur, los interesados en mantener vivo el organismo no tenían más alternativa que conformarse con un acuerdo del tipo que finalmente se difundió, en que se evitó tratar lo que presuntamente era el tema principal, el uso por parte de los militares norteamericanos de bases ubicadas en un país sudamericano azotado desde hace décadas por guerrilleros izquierdistas y narcotraficantes. Sin embargo, aunque pueden justificarse los temores ocasionados por dichas bases, hubiera convenido que los mandatarios pensaran en serio sobre los motivos por los cuales tanto Uribe como el presidente norteamericano Barack Obama insisten tanto en la necesidad de intensificar la colaboración bilateral a sabiendas de que molestaría a muchos en la región y no contribuiría al esfuerzo de Washington por convencer a los latinoamericanos de que las intenciones del gobierno actual de la superpotencia son benignas.

Su resistencia a enfrentar las preguntas así planteadas puede entenderse ya que como todos, en especial los enemigos más virulentos de Uribe pero también los que han adoptado una postura "moderada", saben muy bien, la razón fundamental por la que sucesivos gobiernos colombianos han estrechado tanto las relaciones con Estados Unidos consiste en que los países "hermanos" de la región no han mostrado interés alguno en ayudar a Colombia a eliminar definitivamente la amenaza planteada por ejércitos irregulares como las FARC y su amigos narcotraficantes. Incluso cuando la democracia colombiana pareció correr peligro de desmoronarse, todos optaron por una posición que podría calificarse de "neutral", como si lo que sucedía en Colombia no pudiera incidir en el resto de la región. Era lógico, pues, que los colombianos se acercaran a los únicos que tenían la capacidad y la voluntad de darles una mano.

La presencia de soldados norteamericanos en Colombia y los debates en torno al estatus jurídico de las bases que utilizan han servido para distraer la atención de lo que debería ser el tema central: la falta de solidaridad de los demócratas latinoamericanos para con quienes comparten los principios que dicen creer irrenunciables. Mientras que algunos gobiernos, encabezados por los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, respaldan de un modo u otro a las FARC, los voceros de los demás se limitan a hablar de la paz, dando a entender así que a su juicio les corresponde a las autoridades colombianas encontrar una "solución pacífica" para sus problemas internos, lo que podría tener algún sentido si los "revolucionarios" estuvieran dispuestos a transformarse en políticos democráticos pero, como hicieron evidente los intentos de quienes precedieron a Uribe en el poder, es sólo un pretexto para quedarse al margen del conflicto más sanguinario y más prolongado que ha experimentado la región desde hace muchas décadas. ¿Por qué han actuado de este modo los gobiernos democráticos de nuestro país y de Brasil? Los motivos son tres: se han acostumbrado a reaccionar con pasividad frente a desafíos desagradables que surgen más allá de sus fronteras, no quieren problemas con la extrema izquierda local y, lo que hoy en día pesa más, temen enfrentarse con aliados de las FARC y otras organizaciones guerrilleras como Chávez, Correa y Evo Morales, que están aprovechando la voluntad generalizada de conservar "la unidad latinoamericana" para seguir debilitando las ya precarias instituciones democráticas de la región.