SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los ocupantes de las tierras del IPPV, citados a indagatoria por el presunto delito de usurpación, se presentaron ayer ante el juez Ricardo Calcagno pero siguieron los pasos de sus antecesores y se abstuvieron de declarar por considerar que no cometieron ningún ilícito al iniciar la toma pacífica del inmuebles fiscal.
En la audiencia de ayer se unificaron las dos citaciones previstas para esta semana y el magistrado recibió a los últimos ocho imputados en la causa que recoge la denuncia interpuesta por el IPPV y la presentación realizada por Germán González Lera, ex propietario de las 35 hectáreas contiguas al barrio Newenche vendidas al municipio.
La abogada del Epadhes que patrocina a los ocupantes, Laura Zanoni, explicó a "Río Negro" que la estrategia de no declarar busca dejar "en cabeza de la fiscalía la responsabilidad de probar el delito". La letrada dijo que "para nosotros el delito no se configura porque no están dados los elementos del tipo (penal) que son la violencia, la clandestinidad, el abuso de confianza...".
Zanoni destacó que las únicas tierras ocupadas son las del IPPV porque la gente desalojó en forma voluntaria la parcela de Lera y que la toma exhibe "un estado de necesidad y una omisión del Estado". Además anticipó que la semana próxima pedirá el sobreseimiento de los imputados.
La usurpación comenzó en los últimos días de julio con la llegada de tres jefes de familias a la parcela fiscal y se consolidó el domingo 2 de agosto con el asentamiento de otras 20 personas. Antes de terminar la semana la lista abarcaba a 43 familias que se repartieron la tierra mediante una demarcación precaria de lotes de 300 m3.
De acuerdo al relevamiento realizado por la secretaría de Promoción Social y el Instituto Municipal de Tierras en el lugar sólo se instalaron ocho familias en precarias casillas de las cuales cuatro están en situación de riesgo y demandarán la asistencia del Estado.
La secretaria de la cartera social, Norma Gómez, confirmó ayer a este diario que "hay cuatro casos en los que tenemos que intervenir con la incorporación a programas sociales porque realmente necesitan que resolvamos en parte su situación" y aseguró que ya se está trabajando con esas familias, mientras que a las restantes las calificó como "familias con ingresos que tiene que resolver el problema de la vivienda".
