VIEDMA (AV)- Los jubilados policiales podrían cobrar unos ocho millones de pesos adeudados por juicios contra el Estado rionegrino en unos 120 días. El monto se cancelaría un 80 por ciento en bonos y el 20 restante en efectivos, según un acercamiento que se produjo con la Comisión de Transacción Judiciales.

El Fiscal de Estado, Alberto Carosio, fue encomendado a que inicie las negociaciones con el sector a fin de concretar un acuerdo transaccional definitivo en ese sentido, y que beneficiaría a unos 2.400 pasivos.

En el transcurso de la primera reunión del año de ese cuerpo interpoderes se ponderó la situación por la que atraviesan los jubilados, destacándose la necesidad de atender los pagos en efectivo en 12 cuotas mensuales y consecutivas. Se sumarían compensaciones con organismos públicos que reclamen deudas.

Los integrantes de la comisión reconocieron que "son mínimas" las posibilidades de revertir el juicio en favor del Estado tomando en cuenta, sobre todo, "cuando por aplicación del derecho protectorio previsional se estará siempre en pos de reconocer el derecho al jubilado".

El aval hacia la búsqueda de coincidencias lleva la firma del propio Carosio, la secretaria de Legal y Técnica, Silvia Jáñez, el secretario de Hacienda, Ricardo Gutiérrez y los legisladores Daniel Sartor (UCR) y Facundo López (Encuentro-Frente Grande).

El presidente del Centro de Jubilados y Activos Policiales, Ricardo Sánchez, adelantó a "Río Negro" los términos del acuerdo y un posible cronograma de pagos a partir de la última homologación.

La inclinación de la balanza hacia el reclamo de los demandantes está relacionada con un pedido de devolución de lo descontado en función de la reducción salarial del sector activo dispuesto por la Ley provincial N° 2.989 durante la administración del entonces gobernador Pablo Verani.

El planteo lleva 10 años habiendo superado todo tipo de instancia judicial, incluso la Federal, por lo tanto existía una visible molestia en el sector frente a las indefiniciones estatales. El dictamen se consiguió en la primera reunión del año.

En la sentencia de primera instancia, la jueza federal Mirta Fillipuzzi hizo lugar a la demanda recurriendo a argumentos como que el convenio de transferencia de la Caja de Previsión estableció en favor del sector policial una movilidad especial.

El incremento devenido por el decreto provincial 926 (adicional para los activos no pagados a los pasivos) fue considerado como remuneración debido a su habitualidad, generalidad y permanencia, y que la sentencia hizo recaer la responsabilidad en la provincia y en la Anses.