Si el conflicto entre el gobierno y el campo se debiera a nada más que una cuestión de dinero, alcanzar una solución sería relativamente fácil, pero puesto que en su raíz está la hostilidad extrema hacia todo lo vinculado con el agro de la presidenta y su marido, mientras ellos estén en el poder continuará provocando estragos al país. En vez de limitarse a intentar convencer a los ruralistas de que dadas las circunstancias no había otra alternativa que aumentar los impuestos, es decir las retenciones, tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como el ex presidente y hombre fuerte de su gobierno, Néstor Kirchner, han insistido en tratarlos como enemigos de la patria, de este modo haciendo virtualmente imposible cualquier acuerdo.
Por ser las exportaciones procedentes del campo la fuente principal de divisas del país, politizar el conflicto calificando a los ruralistas, desde los estancieros y magnates sojeros más ricos hasta los chacareros más pobres, de "oligarcas" y "golpistas" resueltos a pisotear los derechos humanos fue claramente insensato, pero parecería que los Kirchner no lo ven así. Antes bien, están tan comprometidos con su extraña ideología setentista que no hay duda de que para ellos lograr derrotar al campo, poniéndolo de rodillas, sería más que suficiente como para justificar las pérdidas económicas enormes que ha causado su actitud belicosa. Parecería que toman por un detalle meramente anecdótico el que los más perjudicados por su voluntad de subordinar todo a sus fantasías ideológicas hayan sido los millones de argentinos que dependen por completo de la evolución de la economía nacional. Por cierto, la presidenta y su consorte no han permitido que los costos del conflicto que una y otra vez insistieron en agravar incidieran en su postura frente a quienes en su opinión comparten con los medios de difusión la responsabilidad de la derrota electoral que sufrieron a fines de junio pasado. Al contrario, desde su punto de vista es un motivo adicional para atacar nuevamente al campo, como lo hicieron al vetar una rebaja de las retenciones en 37 distritos bonaerenses que fueron castigados por una sequía prolongada.
Frente a una provocación de dicho tipo, era inevitable que el campo reaccionara convocando a un nuevo paro, en esta ocasión de ocho días. Los más combativos no son los integrantes de la Mesa de Enlace que todavía creen en la posibilidad de negociar un arreglo mutuamente satisfactorio con los Kirchner sino "las bases", en especial los chacareros de la Federación Agraria, que quieren que el paro dure mucho más que los ocho días previstos. Aunque por razones de imagen los líderes formales del campo no quieren que haya enfrentamientos violentos con grupos oficialistas, en muchas partes del país se ha hecho tan intensa la bronca que sienten los agricultores que en cualquier momento podrían producirse choques. Si bien los dirigentes rurales están resueltos a frenar a los más vehementes, corren el riesgo de verse desbordados.
Además de sentirse frustrados por la resistencia del gobierno kirchnerista a entender que tanto por la desafortunada política gubernamental como por la caída de los precios internacionales de muchos productos y por fenómenos naturales adversos el campo está en medio de una crisis que ya ha dejado a muchos ruralistas al borde de la miseria, los llamados "autoconvocados" están indignados por la negativa de los Kirchner a prestar atención a los resultados de las elecciones legislativas. Puesto que entienden que la mayoría abrumadora votó en contra del "modelo", es lógico que les haya generado estupor la declaración provocativa del ex presidente Kirchner de que lo que el electorado realmente pedía era que lo "profundizara", o sea que se redoblara la ofensiva contra el campo. Se ha creado, pues, una situación peligrosa.
Además de dar por descontado que sus reclamos son justos, los ruralistas más militantes suponen que tienen una mayor legitimidad democrática que un gobierno nacional que, a pesar de recibir una paliza en las urnas, actúa como si en verdad hubiera triunfado por un margen muy amplio. Por lo tanto, en esta oportunidad los ruralistas que quieren hacer algo más que negarse a comercializar sus productos no se sentirán impresionados por los argumentos de quienes insisten en la necesidad de respetar las normas democráticas.
