No se equivoca la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando dice que el proyecto de ley de radiodifusión que acaba de enviar al Congreso "va a poner a prueba la democracia argentina". Lo hará porque está en juego algo que para la democracia es fundamental, el respeto por la libertad de expresión que depende de la existencia de medios que sean lo bastante fuertes como para resistirse a las presiones del gobierno de turno. Sin tales medios, la democracia será una cáscara hueca, una especie de dictadura elegida que, dueña de los recursos del Estado, puede manipular la información con impunidad como, en efecto, han procurado hacer la presidenta y su esposo al avasallar el Indec. Pues bien, inspirándose en principios muy parecidos a los reivindicados por el primer gobierno peronista cuando se ensañó con el en aquel entonces muy influyente matutino porteño "La Prensa", por José López Rega cuando intentó regular el contenido de los diarios y por algunos regímenes militares, los Kirchner quieren aprovechar los meses que les quedan antes de que comience a sesionar el Congreso surgido de las elecciones legislativas de junio para debilitar económicamente a los medios que, según dijo Cristina al presentar el proyecto de ley, se dedican a "la extorsión". Se trataría de otro paso hacia el objetivo de poner todos los medios, con la eventual excepción testimonial de algunos chicos, bajo la tutela del Estado. Ya que los Kirchner no han podido hacerlo subsidiando a los medios "leales" colmándolos de publicidad gubernamental con la esperanza de que los demás se vendan a cambio de dinero, se han propuesto lograr su propósito a través de una ley de radiodifusión destinada a castigar a la prensa independiente.
El blanco principal de la ofensiva contra los medios que han lanzado los Kirchner es, desde luego, el Grupo Clarín que, para su furia, hace tiempo dejó de apoyarlos. Nadie puede ignorar que, de no haber sido por "la traición" así supuesta, no se les hubiera ocurrido atacarlo. Que los Kirchner no quieran para nada a un diario determinado y a los canales televisivos que forman parte del mismo grupo puede entenderse -en todos los países democráticos es habitual que políticos poderosos se crean víctimas de campañas urdidas por distintos medios-, pero sólo los autoritarios procuran solucionar el problema que les plantea la hostilidad así supuesta inventando nuevas leyes y tomando medidas económicas destinadas a perjudicar a quienes se les oponen. El que a juicio de algunos sea excesiva la influencia adquirida por el Grupo Clarín, no constituye un motivo para aprobar el intento de desguazarlo que han emprendido los Kirchner. Si ni siquiera el grupo mediático más poderoso del país resulta capaz de defenderse contra un gobierno que, para más señas, no ha vacilado en emplear a pandillas violentas para hostigarlo, ¿qué posibilidades de sobrevivir a una ofensiva oficialista tendrían otros medios que no cuentan con una fracción de los recursos de Clarín?
Como gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner se las arregló para sojuzgar los medios de difusión locales, lo que en un distrito escasamente poblado le resultó relativamente fácil. Como presidente tanto de jure como de facto de la República ha manifestado en muchas ocasiones el desprecio visceral que siente por la libertad de expresión, ya que brinda a sus adversarios y críticos oportunidades para difundir sus opiniones, y no ha ocultado su voluntad de repetir en el país en su conjunto lo que hizo en su provincia natal. Si bien cuenta con muchos aliados, ya que abundan los que quisieran reemplazar la prensa libre propia de todos los países capitalistas occidentales por una que a su entender sea más "democrática" controlada por políticos, la Argentina no es una versión en escala mayor de Santa Cruz. Es un país pluralista que se ha acostumbrado a la diversidad de puntos de vista, en el que muchos son conscientes de la gravedad del peligro planteado por personas como los Kirchner.
De prosperar el intento de los Kirchner de asestar antes de irse un golpe demoledor a la libertad de expresión, las consecuencias serían con toda seguridad muy tristes, ya que ninguna sociedad puede resolver sus problemas si lo que más quieren sus gobernantes es impedir que haya debates auténticos.