SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Un referéndum popular que estuvo precedido de fuerte polémica definirá hoy si corresponde que el municipio permita la construcción de un hipermercado de la cadena Walmart en el Alto de la ciudad.
El llamado a las urnas es la segunda instancia a la que apelan los impulsores del proyecto comercial, luego de que a fines de mayo no alcanzara la mayoría necesaria en el Concejo Municipal para su aprobación.
Ante la imposibilidad de aprobarlo por ordenanza, el concejal Hugo Cejas (SUR) propuso llamar a un referéndum (el primero en la historia del municipio) para que los votantes se pronuncien a favor o en contra de habilitar el emprendimiento.
La cadena norteamericana convocó al voto por el "Sí" mediante una fuerte campaña mediática, en la que desmintió que su nuevo hipermercado Changomás vaya a generar desocupación y provoque el cierre de comercios más chicos.
También las juntas vecinales del Alto promueven la acogida de Walmart, con el argumento de los mejores precios y la posibilidad de contar con una gran superficie comercial más cercana a sus domicilios.
Un trabajo técnico elaborado por el Centro de Estudios Regionales de la Universidad Fasta a pedido del Deliberante concluyó que la política de bajos precios de Walmart -sin otras medidas de mitigación por parte del Estado-, al cabo de cinco años tendría como efecto la pérdida de unos 700 puestos de trabajo y el cierre de 240 comercios.
La Asociación de Microemprendedores de Bariloche y el grupo ambientalista Piuké propusieron votar por "No".
En contra de lo señalado días atrás, a esa postura no adhiere la Comunidad del Limay, que rechazó el eje de discusión planteado por el referéndum. sobre la llegada del hipermercado de la cadena internacional.
Desigualdad social
En opinión de la Comunidad del Limay, lo urgente es resolver "la grave problemática real de desigualdad social confrontada a la miopía o connivencia política de los funcionarios de gobierno con sectores económicos relacionados".
Por otra parte, la Cámara de Comercio e Industria local manifestó también un rechazo frontal al desembarco de Walmart en la ciudad y denunció a la Justicia la supuesta "inconstitucionalidad" del referéndum.
La decisión en ese punto quedó a cargo del Superior Tribunal de Justicia, que bien podría anular la ordenanza y la elección aun después de realizada.
La ex convencional constituyente Mónica Elvira dio a conocer su rechazo a la convocatoria de la votación de hoy. Argumentó reconocer las necesidades y los "problemas acuciantes" de los barrios altos de Bariloche, pero entendió que "desvirtuando las normativas municipales y avalando con un referéndum popular a una empresa multinacional no es la forma de solucionarlos".
Según su criterio, los fundamentos de la ordenanza en cuestión "son inconsistentes" y se preguntó: "¿por qué no nos convocan a un referéndum sobre temas mucho más importantes y que la sociedad tanto necesita una urgente solució, como lo es la salud, la educación, la accesibilidad o los graves problemas ambientales que tenemos en esta ciudad".
Por otra parte, el intendente Marcelo Cascón hizo abierta defensa del voto por el "Sí". El día que el Concejo trató la ordenanza se pronunciaron en contra del proyecto Walmart el arista Darío Duch, Silvana Camelli (PJ) y los ediles de SUR Arabela Carreras y Darío Barriga.
En tanto, a favor se pronunciaron los concejales de la UCR, el PPR, el Frente Grande y el surista Cejas.
En relación con la votación de hoy, las boletas le preguntarán al votante "si está de acuerdo con el proyecto de ordenanza 375/09 de autorización instalación hipermercado". Los vecinos deberán decidirse por el "Si" o por el "No".
Según se informó ayer, hay 74.324 ciudadanos habilitados para votar y la Junta Electoral dispuso la instalación de 100 mesas.
La cantidad de electores por mesa es superior a la de cualquier otro comicio obligatorio y podría generar largas colas, aunque concurrencia real que tendrá el referéndum es una verdadera incógnita.
La opinión mayoritaria de los electores será vinculante, pero no está claro qué piso de votantes es indispensable para tomar el resultado como válido.
En contra de lo previsto inicialmente, las autoridades de mesa no trabajarán en forma gratuita sino que recibirán 100 pesos de remuneración, según se informó en los últimos días. El costo total de la convocatoria es de 80 mil pesos.
