Viernes 28 de Agosto de 2009 Edicion impresa pag. 29 > Municipales
Usurpadores de las tierras del IPPV se negaron a declarar

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Se presentaron ayer ante el juez Ricardo Calcagno los siete ocupantes de las tierras del IPPV convocados a la primera ronda de indagatorias y se negaron a declarar como estrategia defensiva ante la acusación de usurpación promovida por el fiscal Eduardo Fernández.

Los patrocinantes, del Equipo Patagónico de Abogados y Abogadas en derechos humanos y estudios sociales, Epadhes, indicaron que el objetivo de la medida fue contar con más tiempo para estudiar el expediente -iniciado a partir de la denuncia del IPPV- y que el lunes será el turno de otros grupo citado por el magistrado en el marco de la misma causa.

Por su parte el titular del IMTVHS, Oscar Zamora, señaló que hoy se cruzarán los datos del relevamiento realizado desde el instituto con el censo de Promoción Social para definir que tipo de asistencia se brindará a las familias asentadas en la toma. El municipio identificó a 46 familias con distintas realidades dentro de los cuales identificó a empleados municipales, personas que participaron de la ocupación de las 120 Viviendas del IPPV y familias de la barda del Ñireco que están anotados como beneficiarios del plan de 270 Viviendas que se construirán para erradicar esa zona de riesgo.

Por otra parte, la mesa de las organizaciones de la Tierra solicitó al intervención de los defensores del Pueblo, Ana Piccinini (Río Negro) y Vicente Mazzaglia (Bariloche) para saber si existen tierras fiscales provinciales, municipales y nacionales en esta ciudad "disponibles para hábitat social".

La decisión, plasmada en dos notas enviadas a principio de semana, busca superar la reticencia de los funcionarios provinciales y municipales a brindar información precisa sobre la cantidad y extensión de los inmuebles que poseen en Bariloche, datos retaceados sistemáticamente pese a ser de orden público.

En la última reunión de Consejo Social de Tierras la falta de respuesta del Instituto de Viviendas tensó la relación con las organizaciones sociales que volvieron a reclamar precisiones sobre el recurso tierra disponible para dar solución a la severa crisis habitacional que vive la ciudad.

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