NEUQUÉN (AN).- Fue firme el respaldo de organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos a la Confederación de Organizaciones Mapuches, que tras el desalojo que sufrió la comunidad Currumil en Quillén a manos de la policía provincial, presentó un petitorio para que no sean funcionarios intermedios los que reciban el reclamo, sino el propio gobernador Jorge Sapag.

Luego de dos horas de espera, los representantes de las comunidades mapuches no pudieron dar en mano al gobernador la nota con el pedido de audiencia y, luego de entregarla en la Mesa de Entradas de Casa de Gobierno, se definió una movilización "contra la represión de las demandas sociales" para el próximo viernes.

El respaldo que recibió la confederación fue contundente. La delegada de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, además de acompañar el pedido de audiencia condenó la represión, al igual que los gremios Adunc, ATE y ATEN, el sindicato ceramista, Madres de Plaza de Mayo y otros referentes sociales que se acercaron hasta Casa de Gobierno a firmar el petitorio.

Al cierre de esta edición, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), envió una nota a la jueza que ordenó el desalojo, Ivone San Martín, con copia al gobernador Sapag, que expresa su preocupación por el desalojo, en tanto y en cuanto "conculca gravemente la normativa vigente".

Desde ATEN, Marcelo Guagliardo pidió "un freno a la escalda represiva" y una "resolución al problema de la tierra".

Desde el gremio ceramista, Alejandro López criticó al gobernador por "hacer un llamado a la paz social con tiros, lastimando y avasallando los derechos de los pueblos originarios".

Gentile se mostró sorprendida y preocupada porque "en un momento político en el que se están resolviendo y legislando estas cosas, de pronto haya un episodio de estas características". "Es muy grave y muy seria", estimó.