Por decisión unánime de la Corte Suprema, la Argentina se ha convertido en uno de los países más liberales del mundo en lo que concierne a la tenencia de estupefacientes. Al elegir despenalizar el consumo de marihuana, los jueces procuraron reivindicar lo que consideran es un derecho individual a consumir una droga relativamente inocua sin por eso brindar la impresión de estar dispuestos a legitimar el de otras más fuertes, y aún más adictivas, y mucho menos a las actividades de los narcotraficantes. En principio, tal postura parece muy razonable, pero es innegable que entraña muchos riesgos, de los que el mayor es que se difunda por el país la sensación de que la Corte ha fallado que la drogadicción no resulta tan peligrosa como se ha dicho y que por lo tanto no hay que luchar contra ella. Puede que los efectos sobre los consumidores de marihuana no sean tan terribles como suponen algunos -desde hace décadas los especialistas polemizan en torno del tema-, pero convendría tomar en cuenta la tesis de quienes señalan que los acostumbrados a fumarla suelen ser más vulnerables que los demás a la tentación de probar narcóticos más fuertes y más dañinos, entre ellos el paco que está provocando estragos en muchos barrios paupérrimos.

Así las cosas, la decisión de la Corte tendrá que verse seguida por una campaña nacional vigorosa para informar a todos que la despenalización del consumo de marihuana no significa que de ahora en adelante todo esté permitido. De propagarse tal convicción, las consecuencias serían trágicas para muchos miles de jóvenes.

En todos los países del mundo está celebrándose un debate entre quienes consideran como enfermos a los usuarios de drogas peligrosas y los que los tratan como cómplices de los narcotraficantes y quieren que sean castigados con penas de prisión, una polémica que aquí se intensificará merced al fallo un tanto sorprendente de la Corte Suprema. Debido en gran medida a las presiones de gobiernos sucesivos de Estados Unidos, hasta ahora la criminalización de la tenencia de las llamadas drogas "recreativas" ha sido normal fuera de algunos países europeos notorios por su permisividad, pero los costos económicos y sociales de reprimir el consumo han sido muy altos, ya que en todas partes los adictos son responsables de una proporción elevada de los delitos cometidos. Frente a dicha realidad, ha surgido una corriente de opinión influyente, en que contestatarios de izquierda se alían con conservadores libertarios, en favor de tratar a la drogadicción como un problema exclusivamente médico y de en efecto liberar la venta de estupefacientes, si bien los más cautos preferirían que el Estado monopolizara el comercio. Quienes piensan así señalan que el poder enorme adquirido por las organizaciones de narcotraficantes es el resultado lógico de los esfuerzos denodados de las autoridades por reducir la oferta combinados con su incapacidad evidente para eliminar la demanda, razón por la que dicen que la mejor forma de combatir la plaga consistiría en privar a los delincuentes de la oportunidad para conseguir ganancias fabulosas. Desde su punto de vista, la guerra contra la droga liderada por Estados Unidos ha resultado ser tan contraproducente como fue el intento en dicho país de prohibir el consumo de alcohol.

El planteo de los convencidos de que dadas las circunstancias la opción menos mala consistiría en liberalizar mucho más tanto la tenencia de drogas como el comercio sería persuasivo si no fuera por el hecho de que, en el corto plazo por lo menos, las medidas que proponen servirían para aumentar mucho más el consumo, ya que no cabe duda de que el temor a recibir una sanción legal, una que podría significar años entre rejas, es para muchos un factor disuasivo determinante. Por desgracia, muchas drogas son literalmente letales, por ser tan nocivos sus efectos sobre los consumidores, que terminan matándolos en una cuestión de meses. Y aun cuando consumirlas no equivalga a suicidarse, los perjuicios psicológicos y físicos que ocasionan suelen ser tan terribles que sería insensato insistir en que todos tuvieran derecho a probarlas. Se trata, pues, de un problema grave para el que no hay ninguna solución evidente. Es de esperar, pues, que el fallo de la Corte Suprema no dé pie a malentendidos fatales.