NEUQUÉN (AN).- "Denunciamos al gobierno de la provincia, que demuestra su miseria política con un pueblo que tienen tanta legitimidad en el derecho", dijeron ayer representantes de la Confederación de Organizaciones Mapuches. Los dirigentes hablaron sobre los incidentes frente a una mesa en la que desparramaron los cartuchos y las granadas de gas lacrimógeno que se utilizaron para desalojar a la comunidad Currumil de las tierras de invernada en Quillén.

Los referentes de comunidades de toda la provincia acusaron al gobierno de Jorge Sapag de promover un "diálogo del cansancio" y de "construir paz social con desalojos".

"La policía actuó con animosidad por directivas del gobierno", afirmó Colipán, que trazó una línea de relación del modo en el que se desarrolló el desalojo y el entrenamiento que recibe la policía "y los grupos especiales, que el gobernador dijo que iba a desactivar".

Una de las mujeres de la comunidad recibió un disparo con bala de goma en la cara, mientras que el lonco Pedro Morales fue detenido. "A las 9:30 llegó la policía, directamente a reprimir. Salí a preguntar si tenían orden del juez, me pegaron, me tiraron al piso y me llevaron preso a la comisaría de Aluminé. Lo único que hacemos es defender e territorio y lo hacemos responsable a Sapag, que ejerce la represión cuando el pueblo mapuche espera el diálogo", sostuvo.

En la conferencia se abordaron también reclamos y denuncias históricas. "El MPN, por distintas estrategias, ha ido entregando nuestra tierra. Han autorizado emprendimientos turísticos y entregado títulos de propiedad con un sistema de robo legalizado", afirmó Colipán, que apuntó a maniobras desde la dirección provincial de Tierras, actualmente secretaría. También se trazaron vínculos con la decisión de Sapag de ir por la disolución de Pulmarí, "que ya no les sirve", dijeron.