QUILLÉN (AZ).- En medio de una tensa calma, efectivos del grupo especial de la policía neuquina se mantenían ayer custodiando el ingreso a la estancia Tiger Way, en cercanías al lago Quillén. El predio, que había sido ocupado hace dos meses por integrantes de la comunidad mapuche Currumil, fue desalojado por la fuerza el martes por orden de la jueza civil de Zapala, Ivonne San Martín.
Alrededor de un centenar de mapuches se mantenía apostado en cercanías del lote a la espera de una resolución favorable a sus reclamos por la tenencia de la tierra.
"El accionar de la policía permitió la recuperación de la estancia que le pertenece a una empresa con varios accionistas" explicó Julián Álvarez, abogado patrocinante de los propietarios.
El campo en cuestión tiene una superficie de 2.500 hectáreas y si bien originalmente fue ideado como un coto de caza, actualmente está siendo acondicionado para la producción
"Se está montando toda una infraestructura que incluye galpones, turbinas y una red de tendido eléctrico" aseguró el abogado.
Álvarez aclaró que la propiedad de la tierra está fuera de toda discusión ya que los accionistas cuentan con el respectivo título que los acredita como legítimos ocupantes.
"Lo que está sucediendo es sumamente grave, ya que no solo pretendían apropiarse de este campo sino también de un lote lindante que le pertenece a la familia Lagos" afirmó.
Además, recordó que los dueños acordaron el pago de una servidumbre con las antiguas autoridades de los Currumil por el acceso al terreno. "Cuando el lonco fue destituido de manera violenta aparecieron otros intereses" destacó.
Álvarez denunció además que uno de los usurpadores que fue detenido en el procedimiento se desempeña como guardaparque y utilizaba un handy oficial para comunicarse con su comunidad.
"También presentaremos una demanda contra algunos medios de Aluminé como la radio municipal por incitación a la violencia, ya que durante todo el día estuvieron convocando a mapuches de otras comunidades para que vayan a generar disturbios contra la policía" afirmó.
Por su parte, el comisario inspector Ramón Herrera, informó que no se habían registrado nuevos incidentes a lo largo de la jornada de ayer.
En tanto, se conocieron pronunciamientos de apoyo a las comunidades. "La policía avanzó brutalmente contra los pobladores, sus casas y sus animales" denunció la Confederación.
CONTEXTO
Detrás de los conflictos por ocupaciones hay una cuestión de fondo: desde 2006 está en vigencia una ley que obliga el relevamiento de las comunidades y las tierras que ocupan, pero la provincia lo demora desde hace más de un año.
Mientras tanto, hay 10.000 hectáreas en conflicto, 31 causas penales abiertas, 19 causas civiles y más de 150 imputados por delitos como resistencia a la autoridad, asociación ilícita y usurpación.
El objetivo del censo es delimitar qué tierras corresponden a qué dueño. La Confederación Mapuche está de acuerdo, porque considera que pondrá fin a los conflictos. De parte de la provincia, en un principio el ministro de Gobierno Jorge Tobares lo impulsó, pero sucesivamente se suspendieron reuniones y, cuando finalmente se logró encontrar a las partes involucradas, fue la provincia la que paralizó las gestiones. Pretende tener el mando del censo, algo que las comunidades no piensan delegar y que, incluso, ya acordaron con la Universidad Nacional del Comahue. (AN)
