NEUQUÉN (AN).- El gobernador Jorge Sapag está tramitando un crédito de 110 millones de pesos para que pueda finalizarse la obra de la Ciudad Judicial.

Sería un préstamo a 10 años que permitiría culminar con la obra, en la cual ayer hubo una protesta de obreros de la Uocra ante la posibilidad de que se registren 20 despidos.

La empresa que construye el costoso complejo edilicio es Riva SA.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Oscar Massei, informó que la opción del préstamo está encaminada a nivel nacional. Se trata de recursos del Fondo Fiduciario para Infraestructura Federal.

"Es un crédito que lo provee Nación y que debería ser aprobado por la Legislatura", afirmó Massei, ayer en diálogo con "Río Negro".

Señaló que, de obtenerse, la "totalidad de la partida" debería destinarse a la culminación de la obra, cuya continuidad recibe de lleno los coletazos de la crisis presupuestaria judicial.

El presidente del TSJ dijo que hay una serie de certificados impagos que deberían cancelarse a la empresa Riva. Son por un valor cercano a los 4.000.0000 de pesos.

Las complicaciones que el financiamiento de la obra dejan ver, confirma el escenario que el Tribunal ya había manifestado a principios de año, cuando la crisis en la economía provincial que afecta los fondos que recibe la Justicia, hacía previsible la afectación de la obra.

El imponente edificio que se levanta junto a la Legislatura fue adjudicado a Riva por la composición mayoritariamente sobischista del TSJ que había antes del proceso de renovación disparado por las jubilaciones y pedidos de juicios políticos contra los ex vocales, no precisamente por la obra.

Según datos actualizados a enero del corriente año, la construcción demandaría un costo total de 139.259.323,32 pesos.

Tal como informó "Río Negro" en marzo pasado, cuanto menos el Poder Judicial ya pagó unos 44.700.000 pesos en anticipos, certificados de obra y determinaciones de saldo de contrato, que fueron pagados con ahorros propios.

La obra fue pensada en una época de vacas gordas y para ser financiada por partes iguales por el Poder Ejecutivo y el Judicial.

Lo cierto es que la situación actual dista mucho de ser la de hace tan sólo dos años. De hecho la conducción del Poder Judicial también salió a pedir auxilio económico durante los últimos meses para poder pagar los salarios del sector, en el contexto de otra pesada herencia que dejó la anterior composición del TSJ: los salarios de una sobredimensionada estructura de juzgados y nuevos organismos.