NEUQUÉN (AN).- Los diputados debatirán hoy en sesión prevista para las 16 un proyecto de ley que apunta a jerarquizar a los jueces de paz. La iniciativa fue presentada por el Tribunal Superior de Justicia, implica un incremento en el presupuesto del Poder Legislativo y la creación de nuevos juzgados de ese ámbito en localidades del interior. La sesión sesión será presidida por el vicepresidente primero de la Cámara, Carlos González, ya que la vicegobernadora Ana Pechen iniciará en la fecha una licencia de diez días. Extraoficialmente se supo que viajará al exterior, por cuestiones familiares.
Otro de los proyectos de ley que se debatirá hoy es el aumento salarial a los empleados judiciales (ver aparte) y la creación de régimen de regularización dominial, destinado a vivienda única, para quienes acredite posesión de los terrenos previo a diciembre de 1999.
En la instancia inicial la unificación representa una erogación de 136.000 para lo que queda del presente ejercicio y de 400.000 pesos anuales.
Distintas posiciones
La propuesta sobre la jerarquización de los jueces de paz ha generado distintas posiciones. Si bien en comisión los diputados acordaron en la necesidad de equiparar las categorías de los jueces de paz, hay diferencias respecto a la posibilidad de jerarquizarlos como funcionarios.
Al respecto el titular del TSJ, Oscar Massei dijo en comisión que la recategorización como magistrados implica una erogación de 1.300.000 pesos, no incorporada al presupuesto presentado en la Legislatura.
En la ocasión informó que la ley equipararía la situación de 23 jueces que se desempeñan en municipios de 2ª y 3ª categoría y permitiría la creación de cuatro juzgados en Villa Pehuenia, Caviahue, Vista Alegre y Huinganco.
A la vez los diputados tratarán el despacho de creación del régimen de regularización dominial para ocupantes que acrediten la posesión "pública, pacífica y continua de lote" destinado a vivienda única, con anterioridad al 31 de diciembre de 1999.
La iniciativa, que fue impulsada por el bloque del MPN, está destinada a ocupantes originales del inmueble; cónyuges y sucesores hereditarios; personas que hayan continuado la ocupación por acto legítimo o por vínculo con los habitantes originales, debiendo constatar la convivencia por un lapso no menor a dos años anteriores al 31 de diciembre de 1999.
