En la provincia de Neuquén hay unas 60.000 personas que reciben algún tipo de asistencia del Estado. Unas 25.000 son subsidiadas que, por distintas vías, reciben prestaciones en dinero sustentadas con fondos nacionales, provinciales y municipales. Y entre ellas hay cerca de 2.500, bajo programas del ministerio de Desarrollo Social, de las cuales 500 "contraprestan" haciendo el mismo trabajo que el de cualquier operador de planta permanente. Estos perciben entre 900 y 1.200 pesos mensuales, que llegan a 1.800 si son profesionales. No hay contratos escritos ni retenciones jubilatorias ni de obra social.
La información fue aportada por los delegados del personal del ministerio Patricia Quilapan, Mauro Andrade y Javier Lombardo, adherentes a ATE y autores de un trabajo que resalta la precariedad de muchos contratos en esa cartera, en su mayoría de empleados que se desempeñan en la subsecretaría de Promoción y Fortalecimiento Familiar, a cargo de Raquel Petris.
El texto dice tener el objetivo de "denunciar" lo que considera "un manejo poco claro de los recursos estatales, el desmantelamiento de las áreas que componen esta cartera, la precarización laboral instituida y naturalizada como tal, convirtiendo al Estado en el principal reproductor del trabajo en negro".
El dinero no alcanza
El informe entregado a este diario expresa que son insuficientes los recursos presupuestarios destinados a la compra y distribución de alimentos y artículos de limpieza, al traslado del personal encargado de asistencias domiciliarias y al mantenimiento de la infraestructura edilicia. Todo ello con el objeto de asegurar la aplicación de las leyes 2.212, 2.222 y 2.302.
Los trabajadores con contratos precarios están separados en tres sectores, por el trabajo que realizan y el salario que perciben. Aquellos "bajo programas" son los llamados operadores, que se desempeñan en Centros de Cuidados Infantiles, de Tratamiento Familiar y Hogares. Otros, contratados bajo un régimen de "locación de servicios" que disfraza al contrato de trabajo son profesionales (psicólogos, asistentes sociales). Los "acompañantes domiciliarios" no son reconocidos en modo alguno como empleados en relación de dependencia.
El documento denuncia a la vez que también los sueldos de los trabajadores de planta permanente (o "en blanco") son insuficientes, y que los cargos directivos "no son concursados y terminan siendo asignados como un favor político". La consecuencia es "un servicio deficiente del Estado en sus responsabilidades frente a los usuarios".
En el que denomina Nivel I, el texto se refiere a 40 trabajadores que prestan servicios en los barrios de la capital neuquina. Los profesionales son 24, de los cuales solo dos son de planta permanente. Trece son contratados mensualizados y nueve están bajo el régimen de locación de servicios. Los que no son de planta están cobrando sus haberes mensuales con retrasos que llegan hasta los veinte días.
El Nivel II incluye a los Centros de Tratamiento Familiar Ambulatorios, el Programa de Libertad Asistida (para menores que delinquen), el Catenac (que atiende a niños de la calle) y los Acompañantes Domiciliarios.
En este nivel se reproducen, ampliadas, las deficientes condiciones del Nivel I. El informe señala que la demanda de atención solo puede satisfacerse parcialmente. Para servicios que se deben prestar cada día solo hay vehículos una vez por semana, a lo que se suma que en ocasiones no hay chofer ni combustible ni tarjetas para el transporte público.
El Servicio de Violencia Familiar cuenta con 14 empleados, la mitad psicólogos. Solo uno de los 14 está en planta permanente. El servicio asiste actualmente a 50 niños, 60 mujeres y hace el seguimiento de 49 hombres. Tiene otras 106 mujeres en etapa de admisión y, en el primer semestre de este año, recibió 198 oficios judiciales que piden intervención en casos de violencia familiar.
El Programa de Libertad Asistida abarca a todos los barrios neuquinos, y también atendió casos en Cipolletti y Balsa Las Perlas. Trabajan tres psicólogos, cuatro trabajadores sociales, cuatro operadores. En este sector nueve de los doce están en planta permanente y un administrativo. La media anual de población asistida es de 60 casos.
Los acompañantes domiciliarios son 200. Desempeñan tareas de sostén, guía y fortalecimiento de niños, adolescentes, ancianos, familias y discapacitados que se encuentran en situaciones de riesgo, la mayoría con intervención judicial. La situación laboral de estos acompañantes es, en todos los casos, precaria.
