Entre 1990 y el 2004 tuvieron lugar 24 crisis presidenciales en América Latina. En un contexto de baja o nula intervención militar, fueron las protestas populares o los escándalos mediáticos los disparadores de una crisis que terminó con el juicio político o la renuncia de los presidentes. Para algunos autores la situación actual se asemeja, de modo notable, a un entorno parlamentario. Si bien las constituciones de América Latina siguen siendo presidencialistas, en la práctica el reemplazo de los presidentes presenta cada vez más un rasgo parlamentario, al existir gran semejanza entre el juicio político y el voto de censura parlamentario.
El nuevo patrón de inestabilidad en América Latina supone que, así como los golpes militares fueron el drama del pasado, es probable que las crisis presidenciales lo sean en los años futuros. Al menos es la opinión de Aníbal Pérez-Liñán ("Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América Latina", FCE, 2009), quien en un fundado ensayo escudriña en toda su extensión la nueva problemática latinoamericana.
Pérez-Liñán se pregunta si los juicios políticos a los presidentes son un equivalente funcional de los antiguos golpes militares. En su opinión, los juicios políticos a los presidentes son la punta del iceberg de una tendencia más amplia que refleja la aparición de un nuevo patrón de inestabilidad institucional en América Latina. Como en décadas anteriores, los presidentes siguen cayendo, pero como ya no pueden ser convocados los militares para que intervengan, las elites civiles se han visto en la necesidad de encontrar mecanismos constitucionales para resolver sus disputas, siendo el juicio político al presidente el que ha permitido desplazar a mandatarios cuestionados sin destruir el orden constitucional.
Pero los políticos de la oposición no siempre pueden utilizar el arma del juicio político contra el presidente, sobre todo cuando éste mantiene un control estricto del Congreso. No obstante, cuando estallan escándalos políticos revelados por la prensa o una amplia protesta social se manifiesta en las calles la caída del gobierno no suele demorarse. En otros casos, cuando no se pueden activar mecanismos constitucionales se producen actuaciones del legislativo que no siempre están amparadas en la Constitución y que algunos politólogos denominan "golpe de Estado legislativo". Un ejemplo se dio en Ecuador en febrero de 1997, cuando el Congreso no logró reunir los dos tercios para destituir al presidente Bucaram y optó por declararlo "mentalmente incapacitado" por simple mayoría, designando luego presidente al titular del Congreso.
Un caso similar ha sido el reciente conflicto de poderes que ha terminado en Honduras con la remoción del presidente y la designación del presidente del Congreso en su reemplazo. La Constitución hondureña no regula el juicio político y frente a una orden de detención emanada de la Corte Suprema los congresales optaron por sustituir y nombrar un nuevo presidente en votación unánime. Sin embargo, la intervención de las fuerzas armadas en el acto de detención y la ilegal deportación posterior de Zelaya hicieron que estéticamente el acto recordara los anacrónicos golpes militares.
Con independencia de la denominación que se utilice, lo cierto es que en Honduras estamos ante un ejemplo de los nuevos conflictos generados por el presidencialismo, donde la rama parlamentaria electa busca abatir a la otra. Esto, que en el sistema parlamentario es algo normal, adquiere carácter de crisis institucional en el presidencialismo. Naturalmente, los partidarios de la "revolución bolivariana" insisten en calificar de "golpe militar" el conflicto institucional de Honduras por la tendencia inveterada a la sobredramatización y al uso político del lenguaje. Por los mismos motivos se ufanan de denominar "bloqueo" al embargo norteamericano a Cuba o instalación de "nuevas bases" el uso compartido de bases militares en Colombia. De este uso interesado del lenguaje queda como siniestro testimonio la denominación de "democracias populares" con las que antaño designaban las dictaduras comunistas del Este.
Para Pérez-Liñán la definición operativa de "crisis presidencial" incluye toda situación en la que el Congreso anuncie la decisión de iniciar juicio al presidente, lo declare incapacitado o legitime un levantamiento militar o civil contra el Ejecutivo, aceptando su "renuncia" o nombrando un sucesor. A la inversa, también cualquier episodio en el que el Ejecutivo amenace con disolver el Congreso o respalde una reforma constitucional ilegal o intente llevar a cabo un "autogolpe" contra esa cámara.
Vinculado con lo anterior, una cuestión que merece un análisis más profundo es si la rigidez del presidencialismo estimula actuaciones que de consolidarse auguran un ominoso futuro para las democracias latinoamericanas. Las protestas populares, acompañadas por cortes de calles y rutas, para abatir al presidente, constituyen un inaceptable recurso, con independencia de que la metodología provenga de trabajadores en paro o agricultores exasperados. Algunos pueden llegar a justificar estas actuaciones por entender que es el pueblo el que hace escuchar su voz en la calle. Pero nunca podremos saber si la voluntad de los que pretenden remover al presidente es numéricamente mayor que la de los que lo han votado. El único método legítimo para conocer la voluntad popular consiste, incuestionablemente, en el acto democrático de contar los votos en las urnas.
ALEARDO F. LARíA (*)
Especial para "Río Negro"
(*) Abogado y periodista
