La Unión Europea insistió hoy en una acción común ante la inmigración ilegal, luego de que Italia procesara a los cinco sobrevivientes de un naufragio de 78 africanos y de que se revelara que la pérdida de trabajo por la crisis crea más indocumentados en España que la llegada irregular de personas.

La trágica muerte de los 73 eritreos que la semana pasada intentaron llegar a Sicilia reflotó el debate sobre la necesidad de una política europea común en inmigración, exigida desde hace años por Italia, España y otros países de los márgenes de Europa que se quejan de que se los deja solos frente al problema.

En una polémica vuelta de tuerca a una discusión renovada por la tragedia, la Justicia italiana procesó hoy a las cinco personas halladas con vida en el barco, que contaron que 73 inmigrantes más murieron de hambre y sed y fueron tirados al mar durante las dos semanas que anduvieron a la deriva antes de ser rescatados.

El naufragio escandalizó a Europa y provocó recriminaciones, incluyendo críticas al gobierno italiano de ONGïs y de la oposición y una dura condena de la Iglesia Católica, que acusó a Italia y a la UE en general de hacer la vista gorda al sufrimiento de los ilegales como al de los judíos durante el Holocausto.

En medio de la controversia, un informe difundido hoy en España evidenció una sorprendente e insospechada dimensión del problema, al mostrar que la crisis económica crea el doble de indocumentados que la llegada de inmigrantes de manera irregular.

En 2008, unos 20.000 extranjeros perdieron sus "papeles" al pasar a ser desocupados, y en dos años la cifra podría elevarse a 40.000. El número de "sin papeles" por la crisis representa más del doble que el de extranjeros llegados a las costas de España de forma ilegal en lo que va del año, según CCOO.

Sondeos previos a las elecciones europeas de junio mostraron que la inmigración dejó de liderar las preocupaciones de los votantes en la mayoría de los países del continente, a excepción de Italia, donde el tema es el doble más importante que en el resto de Europa y donde el 69% de las personas lo tiene como primera prioridad.

De hecho, la inmigración fue uno de los caballitos de batalla que llevó al poder al primer ministro Silvio Berlusconi y continúa en el centro de la agenda de su gobierno conservador, incluso cuando ya adoptó duras medidas, como criminalizar por ley la llegada de irregulares y devolver a sus países a los interceptados en el mar.

Los cinco eritreos que sobrevivieron a la travesía fatal fueron procesados en virtud de esa nueva política de seguridad vigente desde este mes. Los africanos podrían ser expulsados, multados con hasta 10.000 euros o ir presos hasta cuatro años si se niegan a abandonar el país, informó la agencia de noticias ANSA.

El canciller italiano y ex encargado de asuntos de inmigración de la UE, Franco Frattini, expresó hoy su beneplácito por el anuncio de ayer de la presidencia del bloque de presentar en octubre una revisión de los criterios de distribución entre Los Veintisiete de los costos y responsabilidades relativas a la inmigración ilegal.

Será "un primer pero importante vuelco", dijo Frattini en un comunicado sobre el anuncio de su par sueco, una exigencia de larga data de Italia prometida por la presidencia de la UE horas después de que el propio canciller italiano denunciara la ausencia de Europa a la hora de hacer frente a la cuestión.

Además de Italia, el Reino Unido, Holanda y algunos otros países son las pocas excepciones dentro de una mayoría de naciones europeas en los que la inmigración dejó de ser una cuestión tan candente, en parte porque ya endurecieron sus leyes o por estar más preocupados por la crisis económica, según encuestas.

En Alemania, el país más grande del bloque, el tema central de cara a las elecciones generales del mes que viene es la crisis económica, según un reciente sondeo de la consultora Emnid.

El gobierno de centroizquierda de España, otrora autor de controvertidas regularizaciones masivas de inmigrantes, ahora ofrece a los inmigrantes irse a cambio de darles prestaciones sociales del Estado español en sus países de origen.

El mes pasado, el gobierno español aprobó por decreto renovar los permisos de residencia de los inmigrantes desempleados que hayan trabajado al menos 9 meses de cada año que residieron en España. En el Reino Unido, el debate se recalentó este año cuando la crisis limitó la oferta de trabajo, y días atrás una comisión especial aconsejó al gobierno exigir mayores cualificaciones a los inmigrantes extracomunitarios para garantizar que los "trabajadores británicos no sean desplazados".

En Francia, en tanto, desde 2007 está vigente el sistema de "inmigración Escogida", que prioriza la mano de obra capacitada y a los estudiantes. El gobierno conservador del presidente Nicolas Sarkozy expulsa a más de 20.000 irregulares por año.

Tantas son las expulsiones que el líder de la extrema derecha francesa, Jean Marie Le Pen, llegó a decir que Sarkozy se apropió de la política de su partido ultraxenófobo Frente Nacional.

Télam