La ley de Amnistía brasileña, que benefició a guerrilleros y presos políticos y libró de proceso a los represores de la dictadura (1964-85), cumple 30 años bajo un debate revisionista que pide pasar cuentas a los torturadores, como están haciendo los países de la región. "Brasil está atrasadísimo frente a Argentina, Uruguay y Chile, que ya llevaron a juicio a varios torturadores", dijo la vicepresidenta de la ONG Tortura Nunca Más, Victoria Grabois, que durante la dictadura perdió a su esposo, su padre y un hermano, todos miembros de la guerrilla del Araguaia. "La nuestra fue una amnistía fragmentada y todavía tienen que ser dados grandes pasos: falta encontrar los restos mortales de los desaparecidos, abrir los archivos secretos para que conozcamos la verdad y los torturadores y asesinos tienen que ser denunciados", agregó en declaraciones a la AFP.

El 22 de agosto de 1979, bajo una fuerte presión popular, el Congreso brasileño aprobó la ley 6.683, promulgada el 28 de ese mes, que permitió liberar a presos políticos y el retorno de exiliados. Por una interpretación afín, esa ley también libró de juicio a los represores. Esa situación puede cambiar dependiendo de la decisión que adopte la Corte Suprema, accionada hace un año por el gremio de abogados, que pretende una relectura de la ley que permita "procesar a los torturadores", explicó su presidente, Cezar Britto. El tema levanta la oposición frontal de los militares y posiciones encontradas en el actual gobierno izquierdista, que acoge a ex guerrilleros y militantes contra la dictadura.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que también sufrió prisión en la dictadura, evita la polémica y ha dicho que lo más importante "no es sancionar a los militares sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos". En cambio, en un acto en Río de Janeiro para recordar los 30 años de la ley de Amnistía, el ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, exigió el sábado que sean juzgados los torturadores de la dictadura. "No pedimos que se torture a los torturadores. Pedimos que sean juzgados y que sus actos sean expuestos a la sociedad brasileña", dijo Genro a la prensa local. Por su parte, el diputado Fernando Gabeira -que participó del secuestro del embajador estadounidense en 1969 y terminó preso- dijo a la AFP que "la discusión no está cerrada, pero no tiene mucho espacio en la agenda política; Brasil es un país con una larga tradición de soluciones conciliadoras".

El reencuentro de Brasil con su historia reciente también es lento, denuncian activistas como Jair Kirchke, que en la dictadura asistía a militantes y familiares. "El gobierno de Lula, del que se esperaba mucho, fue omiso" y "prefirió mantenerse amigo de los militares", dijo. El gobierno abrió algunos archivos que puso en internet, pero no los ultrasecretos de las Fuerzas Armadas considerados clave. También publicó el libro "Derecho a la memoria y a la verdad", primer texto oficial que reconoce la responsabilidad del Estado en los crímenes de la dictadura y que recupera la historia de más de 400 militantes políticos desaparecidos y fallecidos. Ese documento impulsó incipientes acciones en la Justicia para identificar a represores. En seguimiento de la ley de Amnistía, el gobierno evalúa más de 60.000 pedidos de reparación histórica y abrió recientemente, por presión judicial, la búsqueda de cuerpos de guerrilleros abatidos.

Las férreas dictaduras del Cono Sur latinoamericano comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83). Esas dictaduras colaboraron a través del llamado Plan Cóndor, que coordinaba actividades represivas que dejaron miles de muertos y desaparecidos. En Argentina, el Congreso derogó en el 2003 las leyes de amnistía que exculpaban a un millar de militares. En Uruguay, dos ex dictadores y ocho represores están en la cárcel y en octubre un plebiscito decidirá si se anula la llamada ley de Caducidad, que dejaba al Ejecutivo decidir cuáles casos se juzgaban y cuáles no. En Chile, unos 500 militares están bajo proceso, el primero abierto contra el fallecido dictador Augusto Pinochet en 1998.

YANA MARULL

AFP