Por abulia, incapacidad o desinterés, el gobierno provincial que encabeza Miguel Saiz sigue confiando en quedarse quieto y no resolver ningún conflicto, pensando tal vez que esa actitud puede salvarlo de sufrir efectos negativos.
Es más probable que el resultado sea exactamente el opuesto al buscado, ya que -como suele suceder- los desacuerdos provocados por intereses contradictorios se agravan en una relación inversamente proporcional al empeño negociador con que se los trate.
Los más graves dilemas que en estos momentos se empeña en no ver el equipo de gobierno en Río Negro son de tal magnitud que abarcan, prácticamente, todo el espectro de la actividad económica de la provincia:
-Uno de ellos es la alteración de la ecuación de rentabilidad de varias actividades productivas, tales como la fruticultura en el Valle, el turismo en la zona Andina y la ganadería en grandes extensiones de la Región Sur y Valle Medio.
-El otro es el déficit de las cuentas públicas, asfixiadas por un insano incremento del gasto salarial, mientras la desinversión contribuye a deteriorar los servicios públicos esenciales y a comprometer la posibilidad de desarrollar políticas de crecimiento material o intelectual.
Esta semana, los cortes de rutas dispuestos por el gremio de los rurales, Uatre, en reclamo del pago del 20% por zona desfavorable complicaron la vida de decenas de miles de personas que viven o transitaron por el Alto Valle.
Hubo quien no pudo llegar a su trabajo, mercaderías varadas durante días, turistas demorados, transacciones suspendidas, situaciones de tensión e incluso de violencia injustificada... En fin, innumerables pérdidas que podrían -aun con dificultades- ser valuadas económicamente, si alguien demostrara interés en repararlas.
Y durante días el gobierno provincial se empeñó en negar su responsabilidad directa en que la situación se prolongara.
Sobre el método elegido, el ministro de Gobierno jugó a las escondidas con la Justicia Federal, en una actitud que resultó funcional al caos y tan perjudicial para la ciudadanía como cada uno de los 17 piquetes que llegaron a instalarse en rutas nacionales y provinciales.
Como si la Constitución Nacional no los obligara, el gobernador y su ministro Rodríguez consintieron que se impidiera la circulación de personas y bienes.
Lo hicieron aun sabiendo que igual actitud frente al reclamo docente motivó que se iniciara una causa federal al jefe de Policía, Víctor Cufré, por incumplimiento de los deberes que supone su cargo.
Sólo cuando la orden judicial se dio a oficiales de segunda línea pudo avanzarse hacia una solución, que fue pacífica por la prudencia con que se la impartió y cumplió. Sin represión ni golpes.
En esto conviene distinguir en qué ocasiones puede el derecho justificar y consentir que un reclamo sea tan vehemente que ignore los límites impuestos por los derechos ajenos. Podría admitirse afectar el derecho de transitar para garantizar otro de mucha mayor entidad como sería -por ejemplo- el derecho a la vida o a la libertad. Pero ¿cómo consentir que cualquier reivindicación sectorial perjudique a miles?
En lo que hace al reclamo en sí, la provincia declinó de promover el diálogo razonable por vías institucionales o informales. Como si nada tuviera que decir sobre las dificultades que tendrán los pequeños chacareros para pagar un incremento salarial cuando ni siquiera pueden establecer el precio de la mercadería que producen, ni participar en su clasificación de calidad, ni fijar plazos ni modos de pago.
El negocio frutícola -que de eso se trata- sigue siendo para el gobierno provincial un "sudoku" indescifrable. Motivo de innumerables reuniones, viáticos y sueldos públicos, repite cada año sus avatares. Resulta penoso ver cómo sus actores -de la producción, el trabajo y la comercialización- insumen inmensas energías en tironeos desgastantes.
El jueves, el reclamo sindical cedió frente a la confianza de resultar satisfecho. Pero, si así fuera, el conflicto no haría más que trasladarse de un sector a otro, porque serían sin duda los pequeños productores los que buscarían hacerse oír. Y a nadie asombraría que lo hicieran apelando al recurso más a mano: las rutas de la región.
En cuanto a la situación de las cuentas públicas, y sin hacer ningún esfuerzo por ordenarlas, Saiz vuelve a apelar al camino más fácil: pedir préstamos. Esta vez, a bancos privados.
La historia es conocida: el oficialismo provincial desconoce cómo hacer política sin apelar a solventarla con dinero del presupuesto del Estado: cargos, contrataciones, publicidad oficial...
No pueden apelar a esa solución los productores de fruta, los ganaderos, los empresarios turísticos ni los comerciantes que vieron cómo la crisis, la sequía o la gripe A conspiraban contra la sustentabilidad de su negocio.
El mismo Estado provincial que los escucha sin ideas ni propuestas, que sólo los anima a esperar, sin dar su aval para créditos blandos ni eximirlos de obligaciones fiscales, es el que compromete los recursos públicos futuros para pagar sueldos sin discriminar si resultan útiles o no, si aportan conocimiento y esfuerzo o si sólo holgazanean por cuenta de un padrino influyente.
Lo que parece no comprender el gobierno provincial es que sus conductas -tanto como sus omisiones- están determinando, también, su destino, igual que el de terceros.
Al ignorar las dificultades por las que atraviesan los sectores que mueven la economía privada de la región está, de algún modo, afectando la posibilidad de que empresarios y trabajadores puedan pagar impuestos. Y, gastando más de lo que el Estado tiene, crea el clima para más y mayores conflictos.
ALICIA MILLER
amiller@rionegro.com.ar
