SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La empresa Catedral Alta Patagonia (Capsa) no pagó en término el canon anual por la explotación de los medios de elevación y pidió a la provincia una plan especial para refinanciar el compromiso hasta el año próximo.
Alegó que la caída en la afluencia de turistas y esquiadores le impide abonar el derecho fijado por la provincia, que es de 2,2 millones de pesos. Según lo establecido, Capsa debía afrontar esa suma en dos pagos con vencimientos el 15 de agosto y el 15 de setiembre.
La primera cuota no la abonó y 24 horas antes comunicó por nota que entraría en mora por sus dificultades económicas.
Capsa habría justificado la decisión de postergar el pago en los efectos de la gripe A, la falta de nieve y el peso de las inversiones realizadas en el último año.
Referentes del Ente Regulador del cerro Catedral (Enrecat) recordaron que -de acuerdo al contrato- el no pago en término del canon anual "es causal de rescisión".
Sin embargo, el gobierno provincial prefiere no dar a la cuestión un mero trámite técnico sino que también tiene previsto realizar una evaluación política antes de tomar cualquier decisión.
La tutela del contrato está a cargo del Ministerio de Turismo cuyo titular, Omar Contreras, no respondió los llamados de este diario.
Pero en declaraciones a la agencia ANB, el funcionario aseguró que la conducta a seguir por la provincia derivará de un análisis "económico y jurídico" y en última instancia dependerá de una consulta con el gobernador Miguel Saiz.
Plazos e intimaciones
El directorio del Enrecat se reunió ayer y evaluó la situación generada por el incumplimiento de Capsa. Una de sus integrantes, Silvana Camelli, dijo que "efectivamente existe una cláusula de rescisión por no pago del canon, pero la sanción no sería de aplicación inmediata sino cuando finalice el año. De modo que deben mediar plazos e intimaciones".
Si la empresa concesionaria del cerro incurre en deudas por canon, el perjuicio también recaerá sobre el municipio ya que -mientras la concesión no sea traspasada- le corresponde el 10% de la imposición, es decir unos 220.000 pesos anuales.
En los últimos años Alta Patagonia había pagado el canon con puntualidad, pero la historia previa de la concesión registra numerosos atrasos y conflictos.
A comienzos de 2001 la empresa acumulaba un pasivo con la provincia de 1.400.000 pesos/dólares y acordó un plan de pago que tampoco cumplió. "O pagan o se van", llegó a advertir ese verano el gobernador de entonces, Pablo Verani.
Pero corridos los meses el ultimátum se diluyó y el conflicto no se saldó con sanciones a la empresa sino con el desplazamiento de los funcionarios encargados de controlarla, Berta Sebastián y Adrián Brussino.
La relación entre las partes tuvo otras idas y vueltas hasta que en 2004 la provincia pactó con Capsa una "reconducción" del contrato, que amplió el plazo de concesión pero también incluyó estrictas pautas de inversión y sanciones más severas para eventuales incumplimientos.
Algunos funcionarios del Enrecat (un organismo surgido también de aquella "reconducción") consideran que es el momento de hacerlas valer.
