El fiscal Eduardo Fernández elevó una acción penal por el delito "usurpación" contra las familias que ocuparon recientemente tierras que pertenecían al IPPV, en el barrio Newenche, de Bariloche.

La causa, según informó ayer la agencia de noticias ADN, recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 4, a cargo del juez Ricardo Calcagno, y ayer el propio fiscal realizó una nueva inspección ocular en el lugar para determinar el número de familias que se encontraban.

La denuncia por el delito de "usurpación" había sido presentada por el asesor legal del IPPV, Juan Pablo Álvarez Guerrero, por la ocupación en principio de 22 familias de tierras linderas al barrios de las 130 viviendas del Covigast, en la zona Este de la ciudad.

Por otra parte, la toma se fue incrementando con el transcurso de los días y hasta el viernes último había 55 familias que se instalaron en las tierras provinciales ante la falta de tierra y vivienda, un mal que aqueja a Bariloche.

Los ocupantes la semana anterior se presentaron ante el Instituto Municipal de la Tierra y la Vivienda para el Hábitat Social en el marco del Consejo Social de Tierras, donde expresaron su crítica situación social y económica y ratificaron su permanencia en el lugar ante la falta de respuestas de la municipalidad para solucionar su situación y reclamaron la atención de la comuna en los servicios básicos.

En ese encuentro el propio titular del Instituto, Oscar Zamora, informó que el IPPV no iba a retirar la denuncia penal hasta que los ocupantes no desalojen las tierras.

La causa penal continúa su curso en el ámbito del Poder Judicial y esta semana el fiscal promovió su acción penal al encontrar elementos suficientes para considerar que se trató de una usurpación

Al inicio de la demanda, el fiscal había ordenado una inspección ocular, el relevamiento de los jefes de familia y otras cuestiones en el lugar que fueron instrumentadas por efectivos de la Policía de Río Negro.