Desde hace algunas semanas los medios de comunicación sugieren -con reiteración- que la empresa española Repsol estaría considerando desprenderse de sus acciones en "Repsol-YPF", su subsidiaria argentina. Y que existen empresas interesadas de propiedad del Estado chino. No es imposible que en esa decisión de vender pueda haber influido el cansancio moral derivado de las presiones que aparentemente culminaron en tener que transferir parte de sus tenencias en esa empresa a algunos inversores locales muy cercanos al poder político, lo que presuntamente alguna vez será objeto de investigación. Quizás en el corto plazo, tan pronto como el predominio oficialista en el Congreso desaparezca.

El interés de las empresas chinas no debiera, francamente, sorprender a nadie. Después de todo, China ha anunciado al mundo que diversificará sus enormes reservas en moneda extranjera -ya del orden de los 2.000 billones de dólares- a través de inversiones directas en distintas empresas en el exterior, priorizando aquellas que trabajan en el sector de los recursos naturales, como "Repsol-YPF", precisamente.

Hasta ahora, China nos ha tenido una aparente desconfianza. Sus inversiones, más allá de los sueños frustrados de alguno, no han llegado como a otras playas. No sin razones, es cierto. El Estado de derecho luce muy lastimado en nuestro país. Pero la necesidad tiene cara de hereje y la oportunidad de quedarse con "Repsol-YPF" es muy atractiva.

Por ello es hora de empezar a pensar en las consecuencias de aprobar esa inversión, que es bien distinta de las habituales meramente comerciales, desde que los candidatos en este caso son fuertes empresas petroleras de propiedad del Estado chino, esto es de uno de los gobiernos más poderosos y autocráticos del mundo que tiene una agenda muy diferente de la nuestra en materia de intereses nacionales. De allí la necesidad de reflexión, más aún si, como se sugiere, se trata de una inversión que controlaría la empresa petrolera en cuestión.

Pensar no es ciertamente lo mismo que cerrar la puerta o prohibir. Particularmente en un país como el nuestro, en el que por razones obvias las corrientes tradicionales de inversión (ante nuestro "modelo") parecen haberse alejado, espantadas.

Debemos definir cuáles empresas que, por ser vitales para nuestros intereses nacionales, no pueden quedar en manos de empresas de propiedad de Estados extranjeros, atento a que un eventual conflicto respecto de sus actividades específicas podría, mañana, transformarse en una cuestión que afectaría a nuestro consumo; o a nuestras exportaciones de otros productos hacia mercados que no nos podemos dar el lujo de perder; o, peor aún, derivar en un tema que tenga que ver con nuestra paz y seguridad. Es necesario determinar con toda transparencia cuáles son los niveles de influencia en ella que nos resultarían problemáticos.

Este tipo de inversión es esencialmente distinto de las inversiones de naturaleza privada y comercial. De allí que debamos reflexionar serenamente y contar con una política definida, antes de que nos sorprendan los impactos de los hechos consumados. De eso se trata cuando de gobernar se habla.

EMILIO J. CÁRDENAS (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.