LAGO PUELO (AEB).- Las horas pasan y crece la tensión mientras los funcionarios tratan de convencer a unas 15 familias que se retiren en forma pacífica de terrenos del ex kartódromo que ocuparon hace un par de días.

Durante toda la jornada el intendente Iván Fernández estuvo reunido con su equipo de colaboradores y con funcionarios provinciales evaluando alternativas para lograr el desalojo. Ayer también se apostaron en el predio fuerzas especiales de la policía chubutense, aunque el criterio "es no utilizarlas mientras se pueda negociar una salida pacífica", reveló una fuente.

A última hora, cinco de los ocupantes decidieron levantar sus carpas, mientras que los restantes tienen plazo hasta hoy para abandonar la toma.

El lugar está destinado para levantar viviendas sociales y el jefe comunal insistió en su decisión política de hacer cumplir las ordenanzas en vigencia, que incluso nos facultan para el desalojo inmediato sin tener que recurrir a la Justicia".

Indicó asimismo que "se trata de gente que no está dispuesta a esperar una solución habitacional, como lo han hecho y lo hacen otros vecinos. Hay algunos que hasta tienen cientos de hectáreas de campo en El Turbio, otros recién llegados a la zona que se metieron de prepo y encima llaman a sus amigos y parientes para que hagan lo mismo".

En igual sentido, el jefe comunal anticipó que convocará a la Justicia y a la policía "para que colaboren. Nuestra gestión está para ayudar a los más necesitados, pero también para garantizar la seguridad jurídica de los que vienen a invertir a Lago Puelo".

Tampoco hubo consenso ayer, tras una sesión del Concejo Deliberante, donde los bloques de oposición catalogaron la toma como "una situación desagradable por las políticas del Ejecutivo que dejan la puerta abierta a muchas interpretaciones".

Wálter Zingale (UCR) valoró que "los vecinos se cansaron de la amansadora, hay familias que pasaron un año pidiendo una audiencia y no la consiguen".

Valoró además que "no hubo propuestas para superar la coyuntura. El intendente tiene una forma discriminatoria de entregar la tierra pública fiscal, lo hace a su criterio y al libre albedrío. Encima, la legislación votada por su partido lo autoriza a entregar certificados de ocupación sin pasar por el Concejo Deliberante".