ZAPALA (AZ).- La Justicia allanó ayer el municipio zapalino y se incautó documentación y material probatorio en una causa por presunta malversación de fondos que involucra al intendente Edgardo Sapag y a sus principales funcionarios.

La medida fue solicitada por el fiscal Marcelo Jofré al juez de instrucción Oscar Domínguez en respuesta a una denuncia planteada por los concejales del Frente Grande Alejandro Orlando y Olga Sotelo quienes advirtieron sobre la aparente utilización irregular de recursos provenientes del denominado "fondo sojero".

Según la presentación de los ediles, al menos 180.000 pesos de ese programa fueron aplicados al pago de salarios, algo que está expresamente prohibido por la ley.

La orden judicial fue cumplimentada ayer después del mediodía cuando los oficiales de justicia ingresaron a la comuna y secuestraron documentación relacionada con la causa.

El material será sometido a una serie de pericias por parte del gabinete especializado del poder judicial para determinar si efectivamente los funcionarios salpicados por esta denuncia incurrieron en alguna maniobra que pudo perjudicar al erario público.

La causa se originó a raíz de una exposición realizada por el secretario de Relaciones Institucionales, Juan Grandi, ante un grupo de concejales donde reconoció que el municipio había echado mano a unos 180.000 pesos del "fondo sojero" para cancelar salarios del personal.

"Lo escuché claramente y había varios concejales presentes en ese momento" destacó el edil Alejandro Orlando. Al día siguiente, Orlando le requirió al secretario de Gobierno, Daniel Pollo, que efectuara una aclaración sobre el tema.

"Me respondió que si tenía algún problema que me presente ante la justicia y eso fue lo que hicimos con Olga Sotelo", afirmó el concejal Orlando al ser consultado por este diario.

El "fondo sojero" se nutre con recursos que el gobierno nacional confisca a los productores rurales bajo la figura del derecho de exportación. En medio de la oleada de críticas que recibió por esta medida, la presidenta Cristina Fernández decidió coparticipar un porcentaje de esos recursos a las provincias y municipios con el compromiso de que se destinen a obras públicas.

"La única forma que tenía el Ejecutivo de redireccionar ese dinero era a través de la autorización del Concejo Deliberante pero en este caso ni siquiera se le informó a los ediles con anticipación", aseguró una fuente.