NEUQUÉN (AN) - Tras 24 días de ocupación de la municipalidad, los dirigentes municipales de UPCN abandonaron el edificio, asistidos por la Policía porque en la calle había un grupo que se movilizó en defensa del intendente Jacinto Hernández, lo que creó un clima de convulsión.
La Policía había sido enviada por un juez penal de Neuquén, Juan José Gago, que había ordenado el desalojo de la toma, que llevaba 24 días. Los municipales reclaman el pago del aguinaldo, pero el municipio, en manos de la oposición, no consigue asistencia provincial para hacer frente al gasto y protesta porque Jorge Sapag sí atendió a otras localidades (ver aparte)
Antes de la intervención policial, el conflicto se había desbandado con agresiones a funcionarios y pintadas en municipio y otros edificios públicos.
"Sigue tomada la municipalidad a pesar de la conciliación obligatoria que dictó la Justicia", dijo ayer a "Río Negro" la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad, Alejandra Aguilar. La concejal atendió un llamado de este diario al intendente, Jacinto Hernández (Concertación), mientras este radicaba la denuncia por agresiones en la comisaría. "Nos encerraron en una oficina y agredieron al director de Inspección General", confirmó Aguilar, que puntualizó la acusación en los empleados de UPCN que mantienen la medida de fuerza en la comuna.
En Neuquén, los concejales Miguel Arriola (UCR) y Roberto Zúñiga (Une) instalaron una carpa tipo iglú en la entrada a la gobernación, luego de varias idas y vueltas durante la mañana y parte de la tarde. "Pedimos un salvataje de 150.000 pesos, pero nos dicen que no hay plata faltándonos el respeto, ya que el 20 de julio el gobierno entregó a otros municipios 2.200.000 pesos y, el 30, otros 5.000.000 de pesos. Entonces hay una clara actitud discriminatoria", sostuvo Arriola en referencia a que Hernández llegó a la intendencia de la mano de la Concertación.
El pedido de dinero para afrontar aguinaldos es sólo uno de los tantos reclamos al gobierno provincial, en una situación similar a la que el año pasado se vivió cuando el reclamo fue por agua potable y la puesta en funcionamiento del sistema de cloacas.
Los concejales fueron recibidos por Juan Carlos González, subsecretario de Gobierno, que prometió una audiencia para hoy con el ministro de Desarrollo Territorial, Leandro Bertoya, al que no quieren ver porque -sostienen- varias veces hizo promesas que no se cumplieron.
Ayer por la mañana se cortaron los accesos a la localidad, aunque luego se desistió de la medida.