Libertad Asistida es un programa del Ministerio de Desarrollo Social para dar respuesta a la atención de los adolescentes que ingresan al sistema penal juvenil, garantizándose la asistencia sin la privación de la libertad. El programa se encuadra en la ley 2302, sancionada en la Legislatura provincial en el año 1999. Funciona desde el 2004 pero en la actualidad la falta de recursos hace cada vez más difícil que se puedan concretar los objetivos del programa.

La ley dice que si un adolescente comete un delito no puede ser tratado como un adulto, ni puede ir a prisión. En una primera instancia dispone en sus artículos 71 y 79 el régimen de libertad asistida: significa mantener ciertas garantías y derechos a la vez que limitar la libertad, es decir tener obligación de recibir un tratamiento con su debido control judicial. La medida es para evitar la condena de los jóvenes menores de 18 años.

Los objetivos del programa son "resignificar la trayectoria social del sujeto, trabajar el posicionamiento del adolescente ante la infracción y propiciar la construcción de un proyecto de vida"

A cada adolescente se le asigna un equipo de trabajo, compuesto por un asistente social, un psicólogo y un operador. Este equipo acompaña, orienta y asiste a la construcción de un proyecto de vida para los adolescentes. Se utilizan distintas herramientas: entrevistas, espacios grupales y espacios de capacitación y recreación.

El equipo de trabajo está compuesto por doce personas: un administrativo, cuatro trabajadores sociales, tres psicólogos y cuatro operadores de calle.

Hoy se está trabajando con 24 adolescentes infractores de la ley penal. En lista de espera hay seis jóvenes más que aguardan para comenzar el tratamiento.

Una vez que el joven está imputado de un delito y se declara la responsabilidad del hecho, el juez resuelve el cumplimiento de una de las medidas de la ley 2302, que es el tratamiento de libertad asistida.

Los profesionales inician su trabajo con una aproximación al joven y su entorno para luego definir, de acuerdo al caso, las acciones a seguir para llevar adelante el tratamiento, que por lo general tiene una duración de dos años. Una vez concluido, el juez puede resolver la absolución, la condena efectiva o en suspenso.

Los trabajadores del programa deben presentarse, en calidad de testigos calificados, a las audiencias de control que requiera el juzgado.

Los jóvenes que están incluidos en el programa tienen entre 16 y 18 años. Han sido responsables de delitos como robos, homicidios y agresiones. Pertenecen a familias de clase trabajadora pauperizadas, cuyo trabajo es informal y poco calificado. La mayoría son subocupados y están excluidos del sistema educativo.

La falta de presupuesto propio, de movilidad, de capacitaciones pagas y de recursos humanos para atender la lista de espera son necesidades de este programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social. A esto se le suman los bajos salarios, el pase a planta de tres operadores y el reconocimiento de los trabajadores por la especificidad de las tareas que realizan.

Pese a la falta de recursos y a lo que señalan como "vaciamiento" en el Ministerio de Desarrollo Social, los trabajadores del programa defienden este dispositivo de intervención porque consideran que es el único destinado a trabajar con jóvenes infractores con efectos positivos.