Según el presupuesto 2008, se destinó a las cárceles provinciales la suma de  $48.549 anuales por cada detenido. Esto significa que cada preso le "cuesta" al Estado $4.045 mensuales, teniendo en cuenta los más de 24.400 reos que se contabilizaron en promedio, dato actualizado a marzo de 2009.

 En el presupuesto administrado por el Ministerio de Seguridad Provincial a través del Servicio Penitenciario, el dinero está destinado legalmente para la compra de insumos necesarios para el mantenimiento de las cárceles, tales como alimentos, productos de higiene, medicamentos y hasta los sueldos del personal policial que custodia las cárceles.

El coordinador del Comité Contra la Tortura, Roberto Cipriano, afirmó a 24CON que se han registrado varios casos de corrupción carcelaria. Por eso existen 12 denuncias ante la Justicia que están siendo investigadas. Son causas relacionadas al pago de sobreprecios de insumos alimentarios, irregularidades en la compra de insumos y en el manejo de caja chica, medicamentos y horas extras, tal como expresa el informe.

Pero lo más llamativo es que aún no se han encontrado culpables por tales irregularidades. Tampoco se sabe donde fue a parar este sobrante de dinero, producto de supuestas maniobras fraudulentas. Mientras, la causa “avanza lentamente” en algún tribunal provincial.

“Hay indicios muy claros de que los fondos son desviados y no afectados al uso legal que detienen. Muchos elementos que dicen haber comprado después no aparecen. Creo que hay robo de dinero y sobrefacturaciones, como la licitación aprobada para comprar productos de marca, pero que luego terminan siendo de segunda calidad”, expresó Cipriano.

Al igual que en el caso de la alimentación, las denuncias contra la corrupción del presupuesto carcelario también ponen el ojo en los medicamentos. “Muchas veces se compran a punto de vencer o vencidos para que sean más baratos, pero se pasan como utilizables y seguros”, agregó el Coordinador. 

Pero los “inflados” gastos presupuestarios para las cárceles parecerían tener sus fundamentos. Meses atrás, una importante fuente del Ministerio de Seguridad había explicado a La Nación que “a mayor rigurosidad del sistema, más caro sale mantenerlo”. “El sistema carcelario con penales de máxima seguridad resulta muy costoso. En cambio, el sistema semiabierto es más barato, pues las condiciones de seguridad disminuyen, ya que no se necesitan tantos agentes penitenciarios, ni tanta infraestructura", agregó.

El dinero del SPB nuevamente en duda

Para que un detenido viva tras las rejas, al Estado le cuesta mensualmente más de $4.000. A pesar de algunos intentos como los del 2004, cuando el por entonces gobernador de la Provincia, Felipe Solá, decidió intervenir el Servicio Penitenciario por 180 días. Según se publicó en la prensa, una fuente allegada al funcionario había reconocido: "Una licitación que fue aprobada por 12 millones de pesos, tenía un costo real de 4,6 millones".

Para la misma fecha, el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría de San Martín, Juan Manuel Casolati, había expresado que debió retirarse de su cargo tras haber recibido ciertas presiones por un informe donde denunciaba este tipo de irregularidades. "Hay complicidad del poder judicial e informes que no son sustanciales sobre el Penitenciario. Hace falta decisión política para hacer cárceles y terminar con el grado de corrupción que hay en el Servicio Penitenciario", había remarcado.

FUENTE: 24CON