La Cámara de Fruticultores Integrados ratificó ayer su posición ante el conflicto de los rurales e indicó que "se trata de una cuestión de derecho y no de un conflicto de intereses, por lo que la resolución debe estar enmarcada en la normativa vigente".

Según CAFI, no se trata de un tema que involucre sólo a la fruticultura regional, sino que tendrá "efectos sobre toda la actividad productiva rural".

Aclaró finalmente que la entidad "no efectuó ninguna oferta o proposición de porcentajes de aumento" e instó al gremio Uatre a terminar con las medidas de fuerza.