El ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, afirmó ayer que los entes reguladores del gas y de la electricidad trabajaran con la Universidad Tecnológica Nacional y las organizaciones de consumidores en el perfeccionamiento de los padrones de usuarios que quedarán excluidos de los aumentos en la facturación de tales servicios.

"Hay que avanzar fundamentalmente en un padrón de excluidos de tales aumentos por cuanto si bien hemos trabajado muy fuerte en el verano pasado en esta cuestión faltó un mayor nivel de determinación para (la situación que se presentaría en) el invierno", reconoció el ministro.

El criterio a seguir contemplará, entre otras, la situación de usuarios electro y gas intensivos por la imposibilidad de acceder a otros servicios, entidades comunitarias, o casos específicos por enfermedad.

La política tarifaria para el suministro de gas natural y electricidad, incluida la aplicación de cargos específicos, derivó en reclamos en los consumidores residenciales medios-altos y altos al recibir las facturas del bimestre junio-julio, uno de los dos períodos de mas alto consumo de estos insumos por razones estacionales.

La situación derivó en una decisión del gobierno de suspender las subas provocadas por el cobro de tales cargos, restituyendo el 100 por ciento de los subsidios en el bimestre junio-julio, que será de 70 por ciento para agosto-setiembre.

El costo fiscal de tal decisión resulta de 493 millones de pesos a cargo del Tesoro. Esta situación implicó instruir a las distribuidoras para refacturar los consumos en base a valores que el ENRE ya le comunicó a las empresas.

Impuesto tecnológico

La Cámara de Senadores no podrá considerar hoy el proyecto que busca gravar a los productos electrónicos importados o fabricados en el país fuera de la provincia de Tierra del Fuego, debido a que el oficialismo no consiguió los votos necesarios para firmar un dictamen ni consensuar una postura con los bloques de la oposición.

La iniciativa ya cuenta con la aprobación de Diputados y el presidente de la Cámara de Informática y Telecomunicaciones de la República Argentina (Cicomra), Norberto Capellán, alertó ayer que si el Senado la convierte peligrará la continuidad de "180 mil puestos de trabajo" que emplea el sector.

El proyecto protege a la industria de Tierra del Fuego, a través del incremento de impuestos a los productos tecnológicos fabricados fuera de la isla.

(DyN y Télam)