La orden del fiscal Federal Alejandro Moldes para que se garantizara en forma urgente la libre circulación por las rutas nacionales de la región -ejecutada con prudencia por la Policía rionegrina- permitió destrabar el severo bloqueo de tránsito provocado por el gremio que agrupa a los trabajadores rurales.

Pero, sobre todo, dio por tierra con la creencia -cómoda excusa para varios funcionarios- de que no existe un modo "democrático" de impedir que un reclamo sectorial complique la vida de decenas de miles de personas, ajenas en su mayoría al problema y a su solución.

El funcionario judicial no inventó ninguna norma ni invocó ninguna facultad ajena a la jueza Federal o a los responsables de la seguridad ciudadana en la provincia. Sólo que no se hizo el distraído.

Como sucedió a principios de año con los obreros del empaque y más tarde con los docentes rionegrinos, el método elegido para el reclamo atrajo más la atención -por lo molesto, agresivo e injusto- que las reivindicaciones que lo motivaron. Y, como resultado, los manifestantes se enfrentaron con gran parte de la sociedad, pasmada al ver que ninguna autoridad hacía nada por defender sus derechos, ya fuera por incapacidad, demagogia o falta de coraje.

Impedir los cortes de ruta no implica emitir juicio sobre el derecho de los rurales o de cualquier otro sector a obtener un aumento. Es evitar que un atropello sea considerado un "éxito" y tanto más cuanto más grave resulte.

Es de esperar que el pacífico fracaso de los cortes lleve a los gremialistas a imaginar modos reivindicativos menos violatorios de los derechos colectivos, basados en la razón y no en la fuerza. Y que el recordatorio judicial de cumplir la ley refresque a los funcionarios del Poder Ejecutivo que no les está permitido eludir sus responsabilidades funcionales.

ALICIA MILLER
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