El Senado aprobó hoy y convirtió en ley por 38 votos positivos del oficialismo y 30 negativos de la oposición, el proyecto del gobierno que prorroga la vigencia por un año, a partir del 24 de agosto, de las facultades delegadas del Congreso a favor del Ejecutivo.
Votaron junto a la posición oficial 35 integrantes del bloque del Frente para la Victoria, 3 aliados patagónicos (2 fueguinos y 1 neuquino) y lo hicieron en contra, los representantes del justicialismo disidente, del Acuerdo Cívico y Social y los oficialistas Ramón Saadi y Elena Corregido.
Durante ocho horas de debate, el kirchnerismo se abroqueló en la defensa de la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada, que fija además la creación de una comisión bicameral, de 8 miembros por cada cámara, para que en un plazo de 240 días analice y revise cuáles de las 1900 normas dictadas hasta el año 1994 mantienen su vigencia.
Además establece que sólo podrán dictar medidas el presidente y el Jefe de Gabinete, con lo que se prohíbe la subdelegación, que hasta ahora permitió
El jefe del bloque oficialista, Miguel Pichetto, advirtió que "la oposición tiene un gran desafío que es no actuar con demagogia ni con irresponsabilidad, porque esto conduce a la falta de gobernabilidad política". El senador rionegrino rechazó un análisis crítico realizado por el titular de la bancada radical, Ernesto Sanz, y cuestionó la intervención de la Iglesia en el tema de la pobreza, además de rechazar el uso de la palabra "escándalo", usado por el Papa Benedicto XVI para referirse a la situación social argentina.
"Escándalos, escándalos, hay en la Iglesia, pero en este momento prefirieron no referirme a eso", exclamó Pichetto. En su vehemente alocución, Pichetto dijo que "hay gente que desea que el gobierno se vaya antes del 2011", pero "este es un gobierno que tiene la plenitud de sus facultades políticas y las va a ejercer".
Previamente, el radical Sanz sostuvo que "es un contrasentido que en esta misma reunión de la Cámara se haya aprobado un proyecto que reduce las retenciones agropecuarias de una docena de partidos de la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo se sanciona una ley que prorroga por un año que esa facultad, que es del Congreso, la siga usando el Ejecutivo nacional".
Sanz dijo además que "11 millones de argentino, sobre 15 millones del padrón electoral, votaron en contra del modelo que fue propuesto como un plebiscito por parte del gobierno" y que un número similar de personas "también lo hizo en contra de la delegación de facultades y los superpoderes".
El justicialista puntano Adolfo Rodríguez Saá, sostuvo que "algún día en la Argentina se van a eliminar las facultades delegadas, aunque no sea con este gobierno" y resaltó que "nada preocupante va a pasar entonces, solo que los gobiernos deberán explicar al parlamento por qué es mejor entregar millones de pesos para el fútbol antes de dedicarlo a reducir la pobreza".
El socialista Rubén Giustiniani opinó que la aprobación va a ser "una victoria pírrica para el gobierno" y preguntó si "son de derecha los gobierno de Brasil y de Uruguay que no tienen retenciones o si son de izquierda los de Rusia y Colombia que sí las tienen".
El santafesino Carlos Reutemann confirmó su voto negativo, con el argumento de que "el Congreso puede y debe tratar todas las iniciativas puntuales que se refieren a normas para preservar la seguridad jurídica y el estado de derecho".
A su vez, la bonaerense Hilda "Chiche" González de Duhalde afirmó que "estamos entrando en un proceso peligroso para la Argentina porque esta hegemonía no esta haciendo perder la libertad" y sostuvo que "hoy es un día de tristeza porque estamos volviendo a fallarle a la sociedad".
DyN