Varias organizaciones sociales del país se mostraron sorprendidos por la cesantía del oficial subinspector de la Policía rionegrina, Gabriel Ormeño, dispuesta por la plana mayor de la fuerza. Afirmaron que resulta "arbitraria, considerando la excelencia del trabajo desarrollado" por él.
Instaron al gobernador Miguel Saiz a revocar la cesantía y permitir al oficial Ormeño continuar en actividad con las garantías debidas, y a ordenar que se investigue la conducta de los funcionarios públicos sospechados en causas de tratas de personas con fines de prostitución.
El Centro de Derechos Humanos del Comahue por intermedio del Programa Nacional Red Anti-trata de Personas, la fundación El Otro, el programa Esclavitud Cero, la red nacional Alto al Tráfico, la Trata y la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes emitieron un pronunciamiento que firman Germán Bernales, Fernando Mao y Mercedes Assorati. Dijeron que esa decisión, y la de no pagarle ni el salario familiar, "podrían configurar no sólo una violación a los derechos humanos sino también enmarcarse en una conducta delictiva".
Para las ong, el oficial Ormeño "no incurrió en desobediencia alguna y todo pareciera un montaje a fin de obstaculizar el desarrollo de una investigación incómoda para la cúpula policial, puesto que involucra a oficiales de policía, sin conocerse aún si podría alcanzar a la cúpula que tanto se ensaña con un Oficial que no hace sino cumplir con el deber que la Justicia le encomendó".
Señalaron su preocupación porque el ministro de Gobierno de Río Negro inició una denuncia contra la jueza Bosco en el Consejo de Magistratura sobre su desempeño en investigaciones de trata de personas en el Valle Medio, y que haya declarado a este diario que "en Choele Choel no existe trata de personas".
"El ministro desinforma, procurando minimizar una situación a todas luces grave, en la que redes del crimen organizado instalan a su antojo prostíbulos (prohibidos por ley nacional 12331) en el Alto Valle, Valle Medio y en localidades cercanas a Chubut en coordinación con redes pampeanas. Las decisiones arbitrarias que objetamos, buscan por un lado obstaculizar la justicia y, por el otro, intimidar tanto a los miembros del Poder Judicial como a los oficiales de Policía", expresaron.
