En un texto dado a conocer en Roma, el papa Benedicto XVI pidió reducir el "escándalo de la pobreza" en la Argentina. Su petición le ha dado dimensión internacional a un problema que ha venido siendo objeto de denuncia desde distintos sectores nacionales. La CTA ha reclamado medidas contra la pobreza, al igual que destacados dirigentes políticos, y hasta la Mesa de Enlace, que nuclea a sectores del campo considerados adinerados, se ha sumado a las peticiones. Dada la aparente unanimidad social que existe alrededor del tema, sería sorprendente que no hubiera una respuesta oficial dirigida a resolver el problema.

El drama de la pobreza responde a complejas cuestiones estructurales y está estrechamente vinculado con la falta de empleos productivos. Una economía ineficiente, lastrada por el peso de una burocracia estatal basada en el clientelismo, con escasos sectores modernos en condiciones de insertarse en los mercados internacionales y baja inversión en capital humano, carece del dinamismo necesario para generar suficientes empleos bien remunerados. La consecuencia es la pobreza debido a la insuficiente demanda de empleo o a una presencia de empleo informal, escasamente retribuido.

La solución de los problemas estructurales requiere la existencia de una estrategia productiva a largo plazo, definida desde el Estado con el concurso del sector privado de la economía y acompañada por una labor de modernización de la administración pública para que impulse, de modo eficiente, el proceso de desarrollo. Como en Argentina no existe ninguna estrategia a largo plazo que vaya en esa dirección, no queda otra alternativa que abordar la pobreza como una cuestión de corto plazo. Se trataría de implementar medidas paliativas para reducirla hasta donde sea posible y confiar que más adelante, con suerte, alguien aborde las cuestiones estructurales de fondo.

Una de las propuestas que se han formulado consiste en la institucionalización de una renta básica universal o ingreso de ciudadanía. En Argentina es una iniciativa que viene siendo reclamada por la CTA desde hace tiempo en un diseño del economista Rubén Lo Vuolo y más recientemente ha sido retomada con fuerza por el ex presidente Eduardo Duhalde. La renta de inclusión social o renta de ciudadanía considera el derecho a la subsistencia como un derecho humano básico y, en consecuencia, otorga a todos los ciudadanos de un territorio el derecho a percibir una renta mínima que garantice la subsistencia del núcleo familiar.

El Plan jefes y jefas de hogar desocupados fue una primera experiencia masiva de aplicación de la renta básica, pero el programa se ha tornado ineficaz, ha perdido su contenido original y los controles de escolaridad y salud se abandonaron. Por otra parte, la aplicación a través de punteros y redes clientelares de "piqueteros" lo han desprestigiado frente a la opinión pública.

El actual gobierno prefirió poner el acento en una política de subsidios para controlar las tarifas de los servicios públicos utilizados por los sectores más carenciados. Pero en la realidad se ha favorecido también a sectores medios y altos y se ha creado una estructura de precios relativos tan complicada que se ha convertido en una madeja difícil de desenmarañar. Por otra parte, la política de subsidios a las empresas prestadoras de los servicios ha alimentado el fenómeno de la corrupción, como lo muestra de modo elocuente el "caso Jaime".

Parecería más razonable dirigir todos los recursos que actualmente se destinan a subsidios para las empresas o que se pierden por otros caminos inciertos a la creación de un fondo nacional para el pago de una renta básica de inclusión social. Debería emitirse una tarjeta para cada cabeza de familia que permitiera el cobro directo en una entidad bancaria para eliminar intermediarios y establecer un mecanismo imparcial y riguroso de control para incorporar a las personas realmente necesitadas.

Como el establecimiento de una renta básica es una medida que ocasiona dudas por el temor a su uso clientelar o por el problema de la "adicción" que genera, todas las cuestiones técnicas de aplicación podrían ser abordadas en una mesa de diálogo con el conjunto de partidos políticos con representación parlamentaria. De esta manera se dotaría de contenido a un diálogo que lleva las trazas de convertirse en una efímera obra publicitaria, abordando una cuestión en la que en principio todos parecen estar de acuerdo. El mejor homenaje al famoso "bicentenario" podría consistir en la adopción de una medida de solidaridad concreta con nuestros pobres, una forma de incluirlos en eso que tan estentóreamente llamamos patria.

ALEARDO F. LARíA (*)

Especial para "Río Negro"

(*) Abogado y periodista