Una iniciativa de ley propuesta por el ministro francés de Relaciones Exteriores busca obligar a aquellos viajeros que hayan sido rescatados de zonas de guerra, secuestros y otras situaciones hostiles a que reembolsen los costos de su transporte aéreo y otros en los que haya incurrido el gobierno.
Las autoridades francesas dicen que su proyecto sólo busca promover la responsabilidad entre los viajeros en momentos de piratería desenfrenada y secuestros en todo el planeta. Los críticos del plan, sin embargo, creen que la iniciativa improbablemente no impedirá que los viajeros arriesgados se metan en problemas en los sitios peligrosos del mundo y afirman que el gobierno francés debe proteger a sus ciudadanos, sin importar nada.
El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que el plan no afectará los casos como el de Clotilde Reiss, una maestra francesa de 24 años que estaba siendo enjuiciada en Irán y que el domingo fue liberada bajo una fianza de unos 200.000 euros, pagados por el gobierno francés.
El ministerio afirma que la iniciativa de ley, presentada el mes pasado por el ministro de Relaciones Exteriores Bernard Kouchner, sólo se aplicaría a los turistas que buscan ocupar tiempo de ocio y a sus agencias de viaje, pero no a diplomáticos, reporteros, trabajadores asistenciales y otros individuos involucrados en actividades profesionales en el extranjero.
Como ejemplo de los costos involucrados, una autoridad del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno pagó 720.000 euros para transportar por aire a Francia a 500 turistas varados en Tailandia en medio de una ola de intranquilidad civil a fines de 2008. La fuente habló bajo la condición de no ser identificada, citando la política del ministerio.
a hay regulaciones similares en vigencia para viajes dentro de Francia. Una ley de 1985 obliga a los esquiadores que sean rescatados por helicóptero de áreas restringidas a que reembolsen el costo, dijo la fuente del ministerio. También hay reglas similares para los marineros que entren en zonas fuera de los límites nacionales. El proyecto preliminar de la ley es vago y deja mucho margen a las cortes para que tomen la determinación final.
