VIEDMA (AV)- Un relevamiento dominial comenzó a ejecutarse en Río Negro para determinar la situación de comuni- dades aborígenes. El operativo se lleva a cabo sobre 1,5 millones de hectáreas.

Las encuestas permitirán en una segunda etapa promover las mensuras y deslindes para asegurar la propiedad en favor de esas comunidades, según lo prevé la Ley Nacional 26.160.

La norma declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan los pueblos originarios.

Establece una asignación presupuestaria para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de 30 millones de pesos en el orden nacional, monto que será asignado a solventar el sondeo jurídico y catastral, las labores de profesionales en causas judiciales que involucren reclamos de las organizaciones aborígenes y el programa de regularización.

"Nos encontramos con la sorpresa de que sólo en la Zona Atlántica debemos relevar 500.000 hectáreas cuando en forma global teníamos previstas muchas menos", indicó el coordinador rionegrino Víctor Capitán.

Mencionó que para apurar los trámites que ya están realizando miembros de organizaciones mapuches, se tomó contacto con el titular del INAI, Horacio Iramain, en virtud de que el organismo nacional lleva un año de demora en el envío de fondos destinado a sostener el relevamiento en la provincia.

El presupuesto asignado para la jurisdicción rionegrina en 2008 fue de 2,3 millones de pesos, pero hasta ahora sólo se remitieron 700.000 pesos.

Iramain estuvo en esta capital participando del Encuentro del Consejo de Participación Indígena en la Patagonia, del que tomaron parte el Parlamento Mapuche -que integra el propio Capitán- y representantes de los pueblos originarios de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén.

En ese marco, el funcionario nacional acordó con el ministro de Gobierno, José Luis Rodríguez, lanzar la segunda etapa del programa de relevamiento durante setiembre próximo.

El tema cobra significación ante la gran cantidad de conflictos que tienen las organizaciones tanto en sede administrativa -en Tierras Fiscales- como problemas de deslinde con el Ejército Argentino o Parques Nacionales en la Zona Andina.

El trabajo estará enfocado a recopilar antecedentes sociales de cada comunidad, y se contabilizarán las existencias de juicios.

También se elaborará un informe sobre la existencia de planos de mensura particular ante autoridades provinciales e identificación de inmuebles del Estado nacional, provincial o municipal. Podrán fijarse -además- tasaciones y valuaciones fiscales de los inmuebles para su posterior reconocimiento en favor de los indígenas.

Los principales antecedentes con que cuenta la norma nacional a la cual adhirió Río Negro es el reconocimiento jurídico que los pueblos originarios tuvieron en la reforma constitucional de 1994, y que el Estado argentino se encuentra obligado de brindar respuestas a las demandas por medio de la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo.