La ministra de Planificación del gobierno de Chile, Paula Quintana, informó al Comité contra la Discriminación Racial de la ONU que existen "condiciones favorables" para un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en su país. "En el caso del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas (...) hoy día estamos en condiciones bastante favorables para obtener próximamente una aprobación", señaló la ministra en su discurso ante el Comité.

En declaraciones a la AFP, Quintana precisó que esta aprobación puede ocurrir antes del fin del mandato de la presidenta Michelle Bachelet. "Estamos en condiciones bastantes favorables para que antes de finalizar el mandato de la presidenta Michelle Bachelet, en marzo del año próximo, se haya logrado terminar el proyecto de ley, con la aprobación del Tribunal Constitucional, una deuda histórica de casi 500 años", dijo la ministra tras concluir su reunión con este Comité.

El proyecto de ley es objeto de consulta con los pueblos indígenas, cuyo acuerdo para el texto que finalmente sea promulgado "es de vital importancia para nuestro gobierno", recalcó Quintana. La ministra recordó que su país reconoce a "todas las personas que se autodefinan como indígenas", que en 2006 eran "más de un millón, equivalente a un 6,6% de la población de Chile (15 millones de habitantes), pertenecientes a los pueblos Aymara, Diaguita, Kawaskar, Likan Antay, Mapuche, Quechua, Rapa Nui y Yagán".

El proyecto de ley define "el carácter multicultural de la sociedad chilena (...) los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, sus comunidades, organización e integrantes a conservar, fortalecer y desarrollar su identidad, cultura, idiomas, instituciones y tradiciones, y a participar en la vida económica, social, política y cultural del país", precisó la delegación chilena en Ginebra.

Establece también "el reconocimiento de las costumbres indígenas, siempre que no contravengan la Constitución y las leyes", y "establece la obligación de proteger los derechos de tierras y aguas de las personas y comunidades indígenas".

Chile indicó en su informe a la ONU que el 15 de septiembre venidero "entrará en vigencia" el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estipula la obligación para los Estados de conseguir "el consentimiento (de los pueblos indígenas) respecto de iniciativas que afecten su institucionalidad y recursos naturales en territorios indígenas".

Notificó asimismo la presentación de un proyecto de ley contra la discriminación racial, que "sanciona expresamente toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia cometida por agentes del Estado o particulares", por motivos "de raza, etnia, entre otros".